Así se refleja en el área dedicado en dicho documento a la fiscalidad con el objetivo de “aumentar la capacidad recaudatoria y redistributiva de nuestro sistema fiscal”, incrementando “progresivamente” la recaudación del 37% del PIB actual al 43% en 2050.
En concreto, además de toda una serie de reformas fiscales que el Gobierno ya ha planteado recientemente, de cara a 2050, el Ejecutivo se refiere a la necesidad de “reconsiderar las bases y los tipos de la imposición sobre el trabajo en el IRPF, adaptándolos según los efectos que el cambio tecnológico tenga sobre el mercado de trabajo y la desigualdad salarial en las próximas décadas”.
Asimismo, apunta que “si los cambios tecnológicos benefician relativamente a los propietarios del capital, como ha ocurrido durante las últimas décadas en muchas economías avanzadas, habrá que actualizar la imposición sobre el capital para gravar con más intensidad sus rendimientos”. Por ejemplo, plantea que “se podría incrementar la presión fiscal sobre las rentas no productivas asociadas al cambio tecnológico (aquellas derivadas del ejercicio de poder de mercado por parte de las plataformas digitales), algo que no tendría por qué suponer una fuente de ineficiencia, dada la naturaleza no productiva de estos rendimientos”.
En cuanto al resto de medidas para lograr el aumento de la tributación y su progresividad, elementos que el Gobierno considera importante para la reducción de la desigualdad económica y social, el Ejecutivo incide en la necesidad de realizar una serie de cambios en el sistema fiscal que también afectaría a los tributos cedidos a las comunidades autónomas y las administraciones locales.
“Además de ayudar a resolver el problema de la insuficiencia recaudatoria, estos cambios deberán ir orientados a mejorar la equidad del sistema, tanto en el plano vertical (aumentando su alcance redistributivo) como en el horizontal (asegurando el mismo trato fiscal ante idénticas circunstancias), adaptándose o anticipándose a los efectos socioeconómicos que tendrán megatendencias como el cambio tecnológico, el cambio climático o el envejecimiento demográfico”, apunta.

IMPUESTOS
Para ello, señala que “de que aquí a 2030, habrá que ampliar las bases de los impuestos, principal causa de la baja capacidad recaudatoria del sistema fiscal”, y que “esto requerirá de un mayor escrutinio de los beneficios fiscales, manteniendo únicamente aquellos que sigan principios de efectividad, eficiencia y equidad”.
Así, añade que, “desde un criterio de equidad horizontal, los actuales sistemas de estimación objetiva por módulos o coeficientes en el IRPF, que no cuentan con equivalentes en los países de referencia, deberían transitar hacia sistemas de tributación basados en los ingresos reales, manteniendo la simplicidad y facilidad de gestión que suponen”.
Por otro lado, el documento también menciona la importancia de “racionalizar la fiscalidad corporativa e impulsar su armonización a escala internacional”, así como reducir “las distorsiones provocadas por los beneficios fiscales del Impuesto sobre Sociedades (IS) que acaban sesgando su carga hacia empresas pequeñas y sectores tradicionales y menos móviles”. Para lo primero, aboga por “trabajar para lograr una atribución equitativa de la recaudación entre países”, ya sea en la OCDE o en la UE.
Asimismo, también recoge la necesidad de llevar a cabo “una reforma integral de los impuestos sobre la renta, el patrimonio y sucesiones y donaciones para eliminar los incentivos fiscales a favor de la inversión en activos relacionados con el patrimonio inmobiliario, elevando la tributación efectiva del capital hasta situarla en línea con los países de la UE y reforzando su contribución a la progresividad del sistema”.
En cuanto a Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, el documento recoge que “debe replantearse” su papel en las haciendas autonómicas “para evitar estrategias de competencia fiscal indeseables, las cuales minan el alcance recaudatorio y progresivo de estos impuestos y el principio de igualdad que rige en nuestro país”.
Otras medidas recogidas por el documento son modificar los impuestos especiales, elevando los tipos de gravamen sobre bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles derivados del petróleo hasta converger con los establecidos en los principales países de la UE; y reducir el fraude fiscal y el peso de la economía sumergida, pasando del 17% del PIB actual al 10% en 2050.