En su querella, la Asamblea Republicana de Vigo denunciaba que la Fiscalía no había investigado ni comunicado denuncia o querella al Rey Emérito tras conocerse por la prensa extranjera y nacional el supuesto cobro de comisiones por don Juan Carlos, así como la utilización de unas tarjetas de crédito con cargo a una cuenta en la que habría sido ingresado dinero como regalo por parte de un empresario amigo de origen mejicano.

En este supuesto, la Sala afirma que la querellante “no ofrece elemento o principio de prueba que avale razonablemente la verosimilitud de la realidad de los hechos contenidos en la querella en lo que se refiere a la intervención de la persona aforada, señora Delgado como Fiscal General del Estado, limitándose a afirmar su existencia sin ningún apoyo objetivo”.

SIN SUSTENTO

De esta forma, según el auto, “se limita a narrar unos hechos que imputa a la Fiscal General del Estado, sustentados en la información periodística aparecida en diversos medios informativos, que, desde su perspectiva, considera ocurridos, pero sin que acompañe a su denuncia datos objetivos y accesibles de la realidad de lo sucedido en cuanto a la intervención de la persona aforada señora Delgado”.

La Sala explica que el Ministerio Fiscal ha puesto de manifiesto que en la actualidad se tramitan en la Fiscalía de este Tribunal Diligencias de Investigación y que, como indica la propia querellante, se encuentran abiertas diligencias en el Juzgado Central de Instrucción número 6 en las que se investigan, con intervención del Ministerio Fiscal, algunos de los hechos a los que se alude en la querella.

Por otra parte, la Sala acuerda la inadmisión a trámite de la querella formulada contra el director general de la Agencia Tributaria, ya que ninguna norma le atribuye la instrucción y enjuiciamiento de causas contra Directores Generales. Asimismo, aprecia que no hay nexo de conexidad para conocer los hechos que se le atribuyen a la Fiscal General del Estado y al director General de la Agencia Tributaria en una única causa, puesto que no se les atribuye “ninguna actuación conjunta o concertada”.

La magistrada Carmen Lamela es la ponente de la causa que sigue el Supremo en relación a Juan Carlos I. Hacienda ya ha anunciado la apertura de una inspección sobre las dos regularizaciones voluntarias efectuadas por el emérito.

La Agencia Tributaria fue alertada en septiembre de 2018 por la Fiscalía Anticorrupción de que el Rey Emérito podía disponer de una fortuna oculta en Suiza. El sindicato Gestha pidió que Hacienda investigara ese patrimonio, pero han transcurrido casi tres años desde ese momento.

En una primera regularización realizada en diciembre de 2020, el Emérito abonó casi 700.000 euros como declaración fuera de plazo de unos ingresos superiores a los 800.000 euros que le entregó el empresario mexicano y amigo personal Allen Sanginés-Krause.

La segunda regularización tuvo lugar el pasado mes de febrero, cuando Juan Carlos de Borbón abonó 4,4 millones de euros por los fondos puestos a su disposición en la Fundación Zagatka. El dinero para pagar la minuta de Hacienda procedió de las aportaciones hechas por empresarios amigos del don Juan Carlos. Ese dinero estaría ahora siendo investigados por los inspectores de la Agencia Tributaria.