Así lo comunicó la compañía en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que supone que, entre otros, pueda comparecer el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Iberdrola destacó en el hecho relevante que “lleva sufriendo, concretamente desde 2018, un significativo desgaste reputacional” a causa del ‘caso Villarejo’ y que la apertura de la pieza 17 del ‘caso Tándem’ donde se investigan las contrataciones de la eléctrica con el comisario “ha sido aprovechada por competidores que, directa o indirectamente, han atacado la reputación y buen nombre de la compañía”.

La eléctrica apuntó que las declaraciones “se han dirigido a propagar sospechas” sobre Iberdrola y sus directivos y administradores y “vendrían en realidad a responder a una clara estrategia de desprestigio motivada por intereses espurios de algunos exdirectivos y competidores que tan sólo pretenden perjudicar judicial y públicamente a otros directivos y a la propia compañía”.

La compañía relató que la Unidad de Cumplimiento identificó 17 facturas abonadas por Iberdrola a Cenyt, empresa vinculada con el comisario Villarejo.

“La dirección de Auditoría Interna realizó en los años 2018 y 2019 dos informes en los que no obtuvo evidencia adicional a las citadas diecisiete facturas sobre la relación del señor Villarejo con sociedades del grupo Iberdrola y concluyó que los procedimientos de control interno relacionados con dichas facturas habían funcionado correctamente”, según recoge.

Iberdrola explicó que la Unidad de Cumplimiento “realizó una completa investigación interna, complementada por un informe ‘forensic’ encargado a Price Waterhouse Coopers (PWC), a quien se solicitó una investigación absolutamente independiente y sin limitación, ni intervención alguna en cuanto a su alcance, por parte de la compañía”.

Ese ‘forensic’ “no ha resultado evidencia de ninguna relación del señor Villarejo con sociedades del Grupo Iberdrola distinta de la documentada en las diecisiete facturas referidas, ni tampoco de que en la contratación, contabilización y pago de las mismas se hayan infringido los procedimientos de control establecidos, ni, finalmente, indicios que permitan vincular a terceras personas ajenas a las direcciones de Seguridad y Administración y Control con las contrataciones investigadas”.