Su abogado, Manuel Ollé, descartó tras finalizar la comparecencia que el juez Santiago Pedraz acuerde medidas cautelares en su contra y acusó a los querellantes de mala fe y del uso político de los tribunales, por lo que anunció que pedirá que sean condenados en costas.

El juez central de instrucción número 5 decidió el pasado mes de mayo reactivar una querella de 2016 contra el líder del Polisario, que está siendo tratado en un Hospital de Logroño de una infección por Covid-19. Ghali ha declarado por videoconferencia desde el centro médico respondiendo únicamente a las preguntas de la Fiscalía y a su defensa.

La citación para declarar tiene que ver con la denuncia formulada por Fabel Breica, un activista saharaui de nacionalidad española, que le denunció por detención ilegal, torturas y delito de lesa humanidad.

Breica era crítico con la postura oficial del Frente Polisario dirigido por Ghali. En una de sus estancias en los campamentos de Tinduf en 2019 fue detenido y enviado a un centro de localización indeterminada donde, asegura, le torturaron con golpes, descargas eléctricas y ataduras en pies y manos. Se le instó a abandonar la zona y le tacharon de traidor.

Sobre Ghali pesa otra denuncia interpuesta por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos, que es la que ha instado al juez a identificar a la persona que se encuentra ingresada en Logroño. Esta organización le acusa de genocidio "en concurso con delitos de asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones". Las investigaciones habían quedado en vía muerta por las limitaciones que impuso la reforma de la justicia universal al no ser ciudadano español ni encontrarse en territorio nacional.

En su comparecencia, el líder del Frente Polisario ha explicado que en el momento de producirse los hechos ostentaba el cargo de ministro de Defensa, y como tal no tenía responsabilidad alguna en las conductas que se le atribuyen. Insistió, según palabras de su abogado a las puertas de la Audiencia Nacional, haber cometido ninguna conducta ilícita.

Ghali ha dicho ante el juez que las querellas responden a “motivos absolutamente políticos” que persiguen “minar la dignidad y la credibilidad de pueblo saharaui” en su demanda de un proceso de autodeterminación.

Las acusaciones han solicitado medidas cautelares, una de ellas solicitó prisión preventiva y la otra, la retirada del pasaporte. Según el letrado de Ghali, estas peticiones adolecen de una “falta de solidez absoluta” y considera que “no cabe ninguna posibilidad” de que el magistrado las acuerde a tenor de las pruebas. “Es como solicitar que se ponga a nevar en Madrid”, aseguró. La Fiscalía no ha solicitado ninguna medida cautelar, ha destacado la voluntad del activista de colaborar con la justicia y únicamente le ha solicitado que facilite un teléfono y una dirección para poder localizarle.

El letrado de Ghali explicó que su representado se encuentra aún “débil de salud” y que esperará a estar recuperado para decidir si permanece en España o regresa a los campamentos de Tinduf en Argelia.

Anunció igualmente que solicitará el archivo provisional de ambas causas por falta de pruebas que acrediten los hechos y adelantó que acusará a los demandantes de “mala fe y temeridad” por “usar el derecho penal con fines políticos”, por lo que solicitará que sean condenados al pago de las costas del procedimiento judicial.

El abogado rechazó que el líder del Polisario entrara de manera ilegal en España y aseguró que “no vino escondido” e ingresó en el país con su pasaporte y “estando más cerca de la muerte que de la vida”.

“DESMEDIDO”

La pasada semana, el juez Pedraz descartó ordenar la detención de Ghali por entender que esa medida y las acusaciones de lesa humanidad son "totalmente desmedidas" puesto que por el momento sólo se están investigando unos hechos sin existir "imputación" contra él.

El magistrado se pronunciaba de esta forma en un auto del pasado 28 de mayo, en el que acuerdaba inadmitir a trámite una denuncia por un delito de falsificación de documento de identidad interpuesta por el Club de Abogados de Marruecos, que pedía su "detención".

Y señalaba: "Se están investigando unos hechos que podrían suponer la comisión de aquellos delitos, pero en modo alguno existe imputación contra el mismo, quien goza en todo momento del derecho a la presunción de inocencia; siendo totalmente desmedido pretender detener como afirmar que esta persona que ha cometido crímenes atroces contra la humanidad".