Señala, incluso, que al constar “inapetencia” como causa principal del fallecimiento, un problema que no formaba parte de su situación basal, “se concluye que la falta de una adecuada alimentación e hidratación en las fechas anteriores a su fallecimiento, respecto de los que nada se pautó, influyeron, además, en el desenlace final”.

La denuncia aclara que, en base a la información recibida de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, entre los días 8 de marzo y 23 de junio de 2020 fallecieron en dicha residencia 44 de sus usuarios, 6 de los cuales habían sido derivados previamente a un centro hospitalario y que, de los fallecidos, 21 presentaban sintomatología compatible con Covid-19, mientras que otros tres tenían el diagnóstico confirmado.

Antes del inicio de la pandemia, el equipo sanitario estaba integrado por una médico, que comenzó una baja el 18 de marzo de 2020 si bien se informó a los familiares de su ausencia desde seis días antes, y por un médico que, tras ser despedido el 27 de febrero, fue sustituido por L .C. P. F.

“En consecuencia”, esgrime la Fiscalía, “se colige que desde el día 12 de marzo hasta el 18 solo atendió a los usuarios esta última doctora, que hacía turno de tarde, situación que era necesariamente conocida por la directora de la residencia, y que no consta que fuera informada a los familiares de los usuarios, ni reportada a las autoridades competentes”.

Pese a que en esas fechas no había sido todavía aprobado aún un protocolo de actuación para usuarios institucionalizados, la denuncia advierte de que, en cambio, “sí había comenzado a fortalecerse la coordinación de las residencias con los geriatras de referencia”.

De hecho, el viernes 13 de marzo una doctora designada por las autoridades competentes como enlace del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz con distintas residencias de la Comunidad de Madrid, incluida la denunciada, remitió su teléfono y dirección de correo electrónico a la directora del centro, señalándole que desde ese mismo momento ya podían contactar con ella para resolver dudas e incidencias en relación con la Covid-19.

Paralelamente, desde el día 10 de marzo las autoridades pidieron que se tratara como sospechoso de contagio por coronavirus cualquier caso de tos, fiebre o dificultad respiratoria, “por lo que eran esos supuestos, cuando por su gravedad o por su ausencia de respuesta al tratamiento así lo requirieran, los que debían ser reportados”.

A la Fiscalía no le consta que se hiciera de esta forma con la usuaria L. S. R., quien tras comenzar con síntomas inespecíficos, la doctora que se cogió la baja médica pautó en un primer momento un tratamiento con antibiótico y suero oral.

Desde el 12 de marzo, fecha en que L. C. P. F. pasó a estar a cargo de los residentes, hasta el 15 de marzo, L. S. R. fue visitada “exclusivamente” por el equipo de enfermería “que fue dejando constancia de datos de control que implicaban un empeoramiento de la salud de la usuaria”.

El 16 de marzo fue la propia enfermera quien empleó una bala de oxígeno para subir el nivel de oxígeno en sangre de la mujer ante la ausencia de valoración médica. Tras ese episodio, la paciente fue visitada por la doctora L. C. P. F. , quien constató que la paciente presentaba una insuficiencia respiratoria aguda. Sin embargo, la médico decidió mantener la pauta de oxigenación y un refuerzo de la ingesta hídrica sin adoptar, “tampoco en ese momento”, decisión alguna en torno a la forma de administrarle su medicación.

“Esa tarde”, concluye la Fiscalía, “la usuaria continuó sin responder al tratamiento, manteniendo una situación hipoactiva y desaturaciones, que se prologaron el día 18 y, finalmente, condujeron a su fallecimiento, sin que se adoptara decisión médica adicional alguna, en la mañana del día 19 de marzo”.