Campo hizo esta referencia en el Pleno del Senado al responder a una interpelación sobre este asunto defendida por el parlamentario del PP Fernando Martínez Maíllo.

En su intervención, el ministro se refirió a que las solicitudes del derecho de gracia para los condenados del 'procés' todavía están “en tramitación” y no podía referirse a su contenido, pero señaló que “el Gobierno asumirá su responsabilidad” y tomará una decisión “prudente y razonada”.

No obstante, adelantó que el “marco legal” de los indultos en España no restringe su concesión “a estrictas razones de utilidad individual o justicia material en un caso concreto, sino que prevé también finalidades que van más allá y que apelan a otros valores constitucionales”.

Indicó que la “más relevante” de estas otras posibles finalidades de los indultos es la “utilidad pública”, que dijo “ha tenido en nuestra historia reciente casos de usos muy notables, como el de los golpistas de 23-F o los terroristas de Terra Lliure”.

“HERRAMIENTA EXCEPCIONAL”

Explicó que esto convierte el derecho de gracia en una “herramienta excepcional” para “promover valores de interés general y utilidad pública”, cuyo examen destacó que es competencia del Gobierno. Apuntó que se trata de determinar si estos criterios pueden aplicarse a “la compleja y tensa situación política que vivimos desde hace ya bastantes años” en Cataluña.

En este sentido, se refirió a que “en todo lo relacionado con la situación política en Cataluña debemos hacer lo posible” para propiciar “un escenario de diálogo y entendimiento” en el que “las discrepancias vuelvan a resolverse”.

Por su parte, Martínez Maíllo sostuvo que la posible concesión de los indultos a los condenados del 'procés' será un caso de “compra de votos” y “pura corrupción institucional”, al entender que de esta forma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta asegurarse los votos de ERC en el Congreso hasta las próximas elecciones generales.

Además, el senador del PP acusó a Campo de hacerse “el sueco” sobre estos indultos cuando otros miembros del Ejecutivo ya los dan por hechos. Por este motivo, afirmó que los ‘populares’ van a estar “enfrente” de esta “tropelía” e “ilegalidad flagrante”, de forma que se movilizarán en su contra tanto en los tribunales como en la calle.