Así se pronunció en el pleno del Congreso en respuesta a la pregunta del diputado de Vox Joaquín Robles sobre “por qué permite el Gobierno la quiebra de la igualdad de los españoles en la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad”.

Robles reprochó que el Ejecutivo “no puede ampararse en la excepcionalidad" por la pandemia para convertir “en ciudadanos de segunda” aquellos preuniversitarios que tienen que aprobar todas las materias para presentarse a selectividad, cuando “en nueve comunidades pueden ir con una o dos asignaturas suspensas”.

En opinión del diputado, a pesar de que existe un distrito universitario único “se vulnera el artículo 14 de la Constitución” porque no todos los estudiantes compiten en igualdad de condiciones, ya la dureza de la prueba, desde su perspectiva, depende de la comunidad de origen del alumno.

“Es lo contrario al principio de equidad que estas pruebas estén determinadas por las comunidades autónomas y sean de distinto nivel de dificultad”, dijo. “En algunas autonomías el examen es ridículo”, añadió, lo que considera una “falta absoluta de justicia”.

La ministra defendió: “El Gobierno no permite tal cosa”. “El tratamiento para preservar la igualdad de oportunidades es adaptarse a las condiciones excepcionales del momento de la pandemia”, argumentó.

En este contexto, pidió al diputado que asuma “las consecuencias de lo que es un estado autonómico”, un modelo que calificó de “complejo” en el que las regiones tienen competencias curriculares.