En la reunión, celebrada de forma telemática, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) defendió la necesidad de acometer esta investigación comunitaria tras trasladar a este foro citrícola su estudio sobre el impacto del mencionado tratado.

AVA-Asaja advierte de que las importaciones de cítricos sudafricanos a la UE se han incrementado un 30% respecto de la media de las cinco últimas campañas. En naranjas, alcanzan el 50% del millón de toneladas extracomunitarias y en pequeños cítricos, durante 2020, superaron las 180.000 toneladas (36% del total importado).

Asimismo, el potencial productivo de Sudáfrica está teniendo un crecimiento exponencial: durante el periodo 2012-17 plantó más de 10 millones de plantas de variedades tardías de pequeños cítricos y más de 4 millones de plantas de naranjas tardías.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, aseguró que “la situación del sector citrícola en 2016, cuando se firmó el acuerdo con Sudáfrica, ha cambiado de forma radical, por las mayores ventajas comerciales y fitosanitarias que dispone este país tercero".

Los productores europeos se quejan de que Bruselas ha fomentado una “escandalosa sustitución de nuestras variedades tempranas y extratempranas de pequeños cítricos (oronules, Marisol, arrufatina…) y de naranjas tempranas (navelina)". "Ya está sucediendo en España pero en pocos años alcanzará a Italia y al resto de países productores. Además del daño comercial, la UE ha elevado a niveles intolerables el riesgo de entrada de plagas y enfermedades, como la mancha negra o la falsa polilla, esta última debido a la no obligación de realizar un tratamiento en frío durante el transporte de los envíos citrícolas sudafricanos”, agregó el dirigente de la patronal agraria española.

Por ello, Aguado considera que “la Comisión y el Parlamento Europeos tienen muchos argumentos para iniciar una investigación y establecer medidas correctoras a fin de garantizar que este acuerdo comercial, como debería ocurrir en todos los firmados con países terceros, se limita a complementar la producción europea y no a sustituirla, cumpliendo en todo momento una reciprocidad en materia fitosanitaria, laboral, social y medioambiental que evite la competencia desleal y la entrada de plagas y enfermedades que pueden poner en peligro nuestros cultivos”.