En su dictamen, que recoge los pronunciamientos del Defensor del Pueblo en favor de este grupo de menores y sus familias, el Comité de la ONU considera que España ha violado los derechos de un menor al no tomar medidas rápidas para verificar su residencia en Melilla y al no admitirlo en el sistema educativo público inmediatamente después de que se confirmara que vivía en la ciudad.
Fernández Marugán confía en que después de este último pronunciamiento de Naciones Unidas el Ministerio de Educación ponga los medios para que ningún niño ni niña se quede sin escolarizar en Melilla el próximo curso.
Hasta ahora, seis niños y niñas que han presentado quejas ante el Comité han sido admitidos en la escuela. Sin embargo, se calcula que más de 150 menores siguen excluidos del sistema educativo público, según se recoge en el dictamen de la ONU.
El Defensor del Pueblo lleva desde 2018 denunciando la situación de estos menores y sus familias. La institución ha iniciado más de 50 expedientes y ha formulado más de una docena de resoluciones para intentar acabar con esta situación, algunas de ellas admitidas de forma favorable por la administración educativa.
El Defensor considera que, aunque esta realidad sea compleja, no puede en modo alguno solventarse a costa de los derechos de los más vulnerables.