En un comunicado con motivo del Día Mundial de la lucha contra la Desertificación y la Sequía (17 de junio) la organización católica recuerda el apoyo a las Cáritas locales que realiza en ambas regiones desde hace décadas para frenar el avance de la desertificación y la sequía en las actividades agropecuarias, que constituye la principal fuente de ingresos de la población local.
En ambos casos, a la fluctuación climática se suma el azote causado por la pobreza y la violencia, que configuran en los países afectados unas crisis multidimensionales, que se alimentan mutuamente y se cobran, cada año, decenas de miles de vidas humanas.
La región del Sahel central, conformada por Malí, Burkina Faso y Níger, se percibe, desde las sequías de los años setenta y ochenta del pasado siglo, como una zona ecológicamente frágil, donde el desierto del Sáhara, en su costado sur, no cesa de avanzar, y donde, de manera cada vez más recurrente, las lluvias torrenciales hacen subir de caudal los ríos, entre ellos el Níger, anegando miles de hectáreas de tierras de cultivo.
“Desde los años 80 del siglo pasado la pobreza crónica ha hecho de esta parte de África una de las regiones con la esperanza de vida más baja del mundo, sometida a un progresivo deterioro alimentado, entre otras cosas, por la inestabilidad política, que ha desembocado en sucesivos golpes de estado, y la llegada, en 2012, de grupos terroristas de corte yihadista al norte de Mali. El asentamiento de ideas radicales en la región ha supuesto un giro sustancial en la región, marcado por el aumento paulatino de la inseguridad en ciertas zonas de los tres países, en concreto en el Liptako-Gourma o la llamada “triple frontera”", expone la organización.
Cáritas subraya que la combinación de estos tres elementos —cambio climático, pobreza y terrorismo— “ha agudizado una crisis multidimensional que en los últimos años se ha cobrado miles de muertos” y que la desertificación “es uno de los principales detonantes de esta situación", que ha hecho aumentar los conflictos ante la falta de recursos.

CENTROAMÉRICA

Respecto a Centroamérica, “en contra del imaginario occidental sobre la climatología” en esa región, la organización explica que el término “corredor seco” define un grupo de ecosistemas que se combinan en la ecorregión del bosque tropical seco de Centroamérica, que inicia en Chiapas (México) y recorre, en una franja, las zonas bajas de la vertiente del Pacífico y gran parte de la región central de pre-montaña de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y parte de Costa Rica.
“Esta zona está expuesta a un fenómeno cíclico de sequía, que es responsable de situaciones de crisis y desastres tanto en términos sociales, ambientales y productivo económicos en el ámbito nacional y regional”, alerta la organización, que precisa que la sequía en Centroamérica es cíclica y se relaciona estrechamente con el fenómeno de El Niño. “Por sus características, la sequía afecta en mayor grado, por este orden, a la agricultura y ganadería, y, en medida diferenciada según cada país, al sistema de recarga de los acuíferos. A esto se une, como es el caso salvadoreño, una problemática de seguridad y nivel hídricos comprometida”, expone Cáritas en su nota.
En esta zona, la agricultura, que es el principal recurso económico, se basa en pequeñas explotaciones (de 1,3 hectáreas de promedio) de familias que, por lo general, se han convertido en productores de granos básicos (maíz y frijol). “Con un régimen de titulación y propiedad de tierras irregular y no reconocido, o en la mayoría arrendatario, cultivan con fines de autoconsumo y solo comercializan cuando hay excedentes o necesidades no alimentarias apremiantes. La media de ingresos familiares de estas comunidades oscila de 140 a 170 dólares al mes”, acentúa Cáritas.
“Aunque la sequía afecta toda la población, impacta particularmente en la calidad de vida de las mujeres rurales, dado el rol básico que desempeñan como sustentadoras del hogar”, añade la confederación católica española, que en los últimos diez años ha invertido en esta región centroamericana unos seis millones de euros para ayudar a las comunidades más vulnerables.