La AJFV pide al Gobierno de la nación que despliegue los medios diplomáticos necesarios para evitar que esa declaración sea aprobada, solicita a los partidos con representación en esa Asamblea que defienden el sistema judicial y requiere al Consejo General del Poder Judicial para que se pronuncia en contra de las “falsedades e inexactitudes” que contiene el documento.

Esta asociación de jueces dice compartir el objetivo que declara el proyecto y rechaza lo políticos y cualquier ciudadano pueda resultar perseguido por exteriorizar sus opiniones políticas, pero critica las afirmaciones que en el texto “ponen en entredicho la objetividad y transparencia del Poder Judicial en España y su compromiso de garantizar la libertad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”.

Rechazan la equiparación que hace el documento entre la situación de España y de Turquía y se muestran disconformes con la idea de que lo condenados por sedición lo fueron por “una mera discordancia política abordable desde el ámbito del debate político, desconociendo la vertiente de lesión a bienes jurídicos esenciales como son la paz pública, la seguridad ciudadana y la recta administración de fondos públicos, que, según parece entender el proyecto, no se resentiría por una aplicación caprichosa de los mismos a finalidades ajenas a su destino, siempre que lo ordenen políticos y se orienten a finalidades de tal carácter”.

El proyecto da por sentados hechos y situaciones que “divergen de los hechos probados que se establecen en la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con escrupuloso respeto a todas y cada una de las garantías de un proceso justo”. Y aseguran que la sentencia ha sido ya refrendad por el Tribunal Constitucional que descartó lesión al derecho de libertad de expresión e ideológica.

Así, continua la AJFV, el proyecto asume y hace suya la “campaña de desprestigio” emprendida por los políticos catalanes condenados en previsión de una condena. Esos comportamientos “no se comparecen en absoluto con la realidad de la situación judicial en España, asegura el comunicado que destaca las conclusiones del grupo de evaluación Greco que en su último informe asegura que “no cabe duda de la independencia e imparcialidad de los jueces en el desempeño de sus funciones”. Insiste también en que el último Democracy Index de la Unidad de Inteligencia de 'The Economist', España aparece, una vez más, entre los sistemas democráticos más avanzados del mundo, que establece únicamente 23 democracias plenas en todo el planeta.

“Con estos datos, poner en cuestión la calidad de la democracia en España y la labor de los Tribunales y su defensa de los derechos fundamentales, insinuando una complicidad en la persecución ideológica de sus ciudadanos, constituye una falacia que debe ser reparada, evitando que se consoliden declaraciones sin fundamento que perjudican la imagen de la Justicia y de la propia percepción de España, como Estado de plenas garantías”.

Y concluye: “En España los órganos judiciales no están al servicio de unos intereses del poder ejecutivo para reprimir las libertades públicas, como se desliza en el texto. Todo lo contrario , hasta el punto de que las Asociaciones firmantes, en defensa de la independencia judicial, hemos acudido a la Comisión Europea para alertar, precisamente, del riesgo que determinadas reformas legislativas podían suponer para la separación de poderes y el respeto a la independencia judicial”.

Así, la AJFV pide al Gobierno que despliegue los instrumentos diplomáticos en su mano para impedir la aprobación del proyecto de declaración en los términos en que aparece redactado, por resultar “injustos y afrentosos” para uno de los poderes del Estado. Insiste también en que los partidos políticos con representación en la Asamblea del Consejo de Europa deben exponer que la declaración se aparta radicalmente de la realidad del funcionamiento de los órganos judiciales en España.

Por último, insta al Consejo General del Poder Judicial para que se pronuncie oficialmente sobre su contenido, denunciando públicamente las falsedades e inexactitudes que el mismo contiene para evitar una declaración que, si bien carece de eficacia ejecutiva, lesiona el prestigio del Poder Judicial y la necesaria confianza en su recto funcionamiento cara a los ciudadanos.