En un comunicado, el sindicato recordó que “hay más de 79 millones de personas en el mundo que se han visto obligadas a huir de sus hogares” y que “de ellas, 26 millones son personas refugiadas, más de la mitad niños, niñas y adolescentes”.

Asimismo, apuntó que, según el Ministerio del Interior, en el año 2019 se presentaron en España 118.446 solicitudes de protección internacional, mientras que en 2020 el número bajó a 88.760, siendo el tercer Estado miembro de la Unión Europea con la cifra más alta, y entre los meses de enero y marzo de 2021 se registraron 13.077 solicitudes.

Sin embargo, apuntó el sindicato, “pese a que las cifras de solicitudes son altas desde hace unos años, no ha cambiado la tendencia del bajo número de concesiones, ya que en el año 2020 se concedieron 4.359 estatutos de refugiado y 1.401 de protección subsidiaria”, mientras que, “por el contrario, 45.262 autorizaciones de residencia por razones humanitarias fueron concedidas principalmente a personas nacionales de Venezuela”. Además, resaltó el alto volumen de resoluciones pendientes, 94.985 en el 2020, “pese a los esfuerzos en incrementar los recursos humanos y materiales”.

Por otro lado, UGT recordó que “las personas solicitantes de asilo pueden trabajar por cuenta propia o ajena una vez transcurridos seis meses desde la solicitud”. Sin embargo, advirtió que, “además de las dificultades con las que se encuentra el conjunto de la población a la hora de ingresar en el mercado de trabajo, y las propias de las personas migrantes, se encuentran con obstáculos específicos derivados en algunos casos del desconocimiento de la parte empleadora de que el documento que les acredita como solicitantes de asilo, les habilita a trabajar, o del hecho de que la solicitud pueda ser denegada y en consecuencia se queden en situación administrativa irregular, lo que dificulta la contratación”.

El sindicato liderado por Pepe Álvarez también mencionó que todo esto se suma “al desconocimiento del idioma en el caso de determinadas nacionalidades o la tardanza que comparten todas aquellas personas con titulación obtenida en el extranjero (personas de nacionalidad española incluidas) en homologar o convalidar sus títulos”, por lo que propone facilitar su homologación y convalidación.

Por todo ello, UGT reclama el incremento de los medios humanos y materiales de las oficinas de asilo y de extranjería, al considerar “que no se han adaptado al volumen de población que deben atender”.

El sindicato también aboga por que el periodo de solicitud hasta la resolución “no sea también de incertidumbre y abandono en el ámbito laboral” y recuerda que “el resultado de la falta de una política real en este sentido lo hemos visto cuando muchos de estos solicitantes han terminado constituyendo una parte importante de las personas repartidoras para plataformas digitales”. Por ello, considera preciso una intervención del Gobierno y de interlocutores sociales “para diseñar medidas que impidan que estos trabajadores terminen siendo objeto de explotación”.