En sus alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se pretende establecer este título de técnico de Formación Profesional, el sindicato destacó que esta nueva figura “resulta innecesaria y no garantizará los niveles de calidad y seguridad que requieren las personas de edad más avanzada a la hora de ser atendidas en las residencias de mayores”.

A su juicio, “se busca la optimización de costes para la patronal del sector antes que garantizar una suficiente capacitación, solvencia y calidad en la atención”.

A pesar de ello, Satse reconoció que coincide con el Gobierno en “la necesidad de mejorar y avanzar en la coordinación de los servicios sociosanitarios para la población mayor”, si bien reiteró que esta nueva titulación es “innecesaria porque existen ya titulados universitarios que pertenecen al equipo multidisciplinar que proporciona servicios en los centros gerontológicos, como son las enfermeras y enfermeros y las enfermeras y enfermeros especialistas en Geriatría, entre otros”.

En ese sentido, expuso que la pandemia ha demostrado que las personas mayores necesitan recibir una atención “de máxima calidad”, así como que haya una “mayor dotación de recursos, tanto materiales como humanos, que sean lo suficientemente solventes y coordinados para hacer frente a cualquier incidencia o problema”.

También arguyó que, en los centros de mayores, cobra una “especial importancia” la atención sanitaria, por lo que resulta esencial el papel del “gestor de casos” que requiere conocimientos sanitarios de un nivel con el que sólo cuentan las profesiones sanitarias tituladas, según establece la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

Por esa razón, Satse mostró su inclinación por “una atención integral centrada en la persona en la que toma un papel fundamental la figura del profesional de referencia capaz de desplegar un amplio abanico de competencias sanitarias, sociales y relacionales que garanticen la coordinación con los distintos miembros del equipo y con las familias”.

Por último, lamentó que no se haya dado conocimiento a las partes implicadas del texto del articulado del proyecto de Real Decreto, y avanzó que esperará a conocer el alcance y contenido del mismo para concretar convenientemente futuras alegaciones o acciones sindicales y jurídicas.