De ese importe, 8.000 millones los ejecutará la Administración General del Estado (AGE): la Dirección General del Agua, las Confederaciones Hidrográficas y las Sociedades Estatales. “Un esfuerzo inversor sin precedentes que marcará un antes y un después en la gobernanza del agua en nuestro país”, manifestó Ribera.

“Nuestro país ya está experimentando serias alteraciones del régimen hídrico y las previsiones a medio y largo plazo alertan de una reducción de la disponibilidad de agua, del aumento de las superficies áridas o semiáridas y de una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos extremos”, resaltó la vicepresidenta.

“En este contexto, los Planes Hidrológicos no pueden seguir avalando prácticas del pasado que nos han conducido a la sobreexplotación de los acuíferos, la contaminación de las masas de agua y el deterioro de nuestros ríos”, añadió.

La nueva planificación, que inicia hoy su fase de consulta pública, busca priorizar mejor los usos del agua, gestionar las grandes avenidas y sequías, y definir unos caudales ecológicos que aseguren la protección de las aguas y sus ecosistemas, con un claro cambio de tendencia en la gestión de este recurso.

Estos planes proponen soluciones a los problemas que ponen en peligro la salud de ecosistemas de alto valor ecológico, como son los casos del Delta del Ebro, el Mar Menor, Doñana, los humedales de La Mancha o La Albufera ya que tienen el objetivo de reducir las presiones que soportan las masas de agua, mejorar los sistemas de depuración, fomentar el ahorro de agua y la reutilización y atender las demandas de agua de manera que sean compatibles con su buen estado, lo que permitirá asegurar la calidad y cantidad del recurso, informó el Ministerio de Transición Ecológica.

Acorde con los escenarios de menor disponibilidad de agua, una de las novedades de los Planes es que contienen medidas concretas de adaptación al cambio climático para cada demarcación, en coherencia con las directrices establecidas por la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Pnacc2021-2030).

En grandes cifras globales, más complejas cuando se desciende a la escala de los múltiples factores a considerar en la planificación hidrológica y de la gran variabilidad geográfica, la reducción en la disponibilidad de agua para los distintos usos aconseja plantearse disminuciones de la utilización del agua del orden del 5% para 2030 y del 15% para 2050.

Los Planes también muestran avances importantes en la determinación de las necesidades hídricas de lagos y humedales: los 54 casos considerados en los planes del segundo ciclo ascienden a 123 en esta última revisión. También la definición e implementación del régimen de caudales ecológicos de nuestros ríos: el número de masas contempladas aumenta de forma muy notable de 170 a 405 masas.

AGUA SUBTERRÁNEA

En las masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo, se plantean medidas que permitan reducir las extracciones, mediante sustitución de bombeos de aguas subterráneas por superficiales y, allí donde no sea suficiente, se plantean restricciones al uso del agua subterránea. Para cumplir estos objetivos, la revisión del tercer ciclo incluye el desarrollo de un Plan de Acción sobre Aguas Subterráneas.

En lo que se refiere al impulso de la seguridad hídrica, la nueva planificación pretende mejorar las garantías de suministro, lo que dará mayor protagonismo a la desalación y a la reutilización como fórmulas para equilibrar la oferta con las demandas, sobre todo en los territorios que sufren estrés hídrico. También busca la adecuación de las infraestructuras públicas, en lo que ya se han dado avances: el pasado mes de abril, el Gobierno aprobó un Real Decreto por el que se definieron las nuevas normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses.

También se contemplan actuaciones en materia de depuración de vertidos urbanos y de reutilización, bajo el soporte técnico y de gobernanza que se ha establecido a través del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan Dsear), con el propósito de alcanzar el pleno cumplimiento de las obligaciones marcadas por la Comisión Europea.