Las organizaciones de infancia consideran que las actividades de educación no formal “no han sido tenidas suficientemente en cuenta a la hora de establecer regulaciones” para las vacaciones escolares, lo que repercute en los derechos de los menores.

La plataforma y el CJE subrayaron que la pandemia de la Covid-19 ha afectado a los derechos de la infancia y la adolescencia y su acceso a espacios de socialización, actividades de ocio y tiempo libre se han visto "seriamente perjudicados y olvidados”.

“Las entidades de educación no formal que gestionan dichas actividades de ocio y tiempo libre todavía no disponen de normativa clara en todas las Comunidades Autónomas ni de información suficiente sobre cómo actuar ante diversos escenarios y deben ser las propias administraciones quienes proporcionen de esos protocolos que fomenten y posibiliten las actividades de manera segura”, explicó Elena Ruiz Cebrián, presidenta del Consejo de la Juventud de España.

Además, protestan las organizaciones, “se está valorando establecer aforos muy restrictivos, condiciones más exigentes frente a otros espacios de ocio, y barreras adicionales como la realización de pruebas PCR o test de antígenos para los que no se han planteado ayudas directas”, lo que supondría “un menoscabo en el acceso a estas actividades por parte de niños y niñas de entornos vulnerables, que son quienes más las necesitan”.

El director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, subraya que “tras 15 meses de restricciones por la pandemia, es necesario que este verano se garantice el derecho de los niños, niñas y adolescentes al ocio educativo, habilitando la realización de estas actividades con seguridad, para que puedan tener esos espacios de socialización tan necesarios para su salud tanto física como mental”.

Ibarra considera “fundamental" que las administraciones apoyen para que esto no suponga un gasto adicional para las familias más vulnerables que, de otra manera, "no tendrían forma de que sus hijos e hijas participaran en este tipo de actividades”.

La obesidad, la sobreexposición a las pantallas o problemas de salud mental son otras de las consecuencias que puede tener esta situación, por lo que las entidades han trasladado un decálogo a las administraciones para garantizar que se respetan todos los derechos de los pequeños cuando termina el curso escolar.

En concreto, las organizaciones de infancia y juventud piden a las administraciones públicas, que regulen adecuadamente estas actividades durante la época estival; que se tenga en cuenta al sector a la hora de tomar medidas; que se trate de homogeneizar las medidas entre las comunidades autónomas, y que se garantice que no se generan barreras de acceso a niños, niñas y jóvenes de entornos vulnerables.