Así se expresó Díaz Vega en este evento organizado por Nueva Economía Fórum, donde añadió que esta nueva normativa que obliga a las plantas de producción a devolver parte del diferencial de precios que obtienen gracias al alto coste de los derechos de emisión de CO2 “no da seguridad jurídica y no es positiva para los objetivos medioambientales que estamos buscando”.

A este respecto, defendió que “si no nos gusta el mercado de emisiones de CO2 porque en determinados momentos está muy alto y se está retribuyendo a tecnologías que no son emisoras, cambiemos el modelo pero no lo hagamos de esta manera”.

En esta línea, sugirió que en momentos como el actual en los que estos derechos están muy caros, la Comisión Europea podría emitir nuevos derechos para impulsar una caída de sus precios.

En cuanto al impacto en instalaciones eólicas, lamentó que sobre todo afecta a los parques desarrollados antes de 2005 asumiendo “grandes riesgos y eso no es de justicia social”. Por último, advirtió al Gobierno de que “Intervenir el mercado por la puerta de atrás nunca ha sido una buena idea y tiene impactos muy negativos”.