Así lo indicó este martes la vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su comparecencia en la Comisión Mixta para la Unión Europea para informar sobre los últimos avances relativos al Plan que compromete proyectos por esos casi 70.000 millones en subvenciones de los 140.000 millones a los que puede aspirar España, para poner en marcha más de 200 inversiones y reformas a ejecutar hasta el 2026.

Calviño confía que obtenga el visado final en el Ecofin previsto para el próximo 13 de julio, cuya aprobación desbloqueará un primer pago de 9.000 millones en prefinanciación. A partir de ahí se producirán pagos semestrales, en función del cumplimiento por parte de los Estados de los hitos contenidos en su plan de recuperación nacional.

En el caso de España, la previsión es que lleguen otros 10.000 millones en la segunda parte del año, elevando la cifra final a recibir este año a 19.036,6 millones. Según detalló, habrá otros dos desembolsos cada año por valor de 18.000 millones de euros en 2022 y 17.000 millones 2023, de forma que el 80% de las transferencias se encuentran previstas para ese trienio. Quedarían para los ejercicios 2024 otros 8.000 millones, casi 3.476 millones para el 2025 y 4.00 millones adicionales en el 2026.

La vicepresidenta económica subrayó que llegará una cuantía “ingente”, sin precedentes, y que a dicha cuantía se sumarán además los fondos pendientes no recibidos del marco financiero plurianual 2014-20 y otros mecanismos europeos como los fondos estructurales, el fondo Feder o fondos sociales europeos.

Además, subrayó que España no solo será el mayor receptor total de fondos, sino que también lo serán en las cuantías que se prevén recibir este año, ya que obtendrá 19.000 millones, equivalente a “una cuarta parte” de la emisión total prevista por la Comisión Europea de deuda para financiar los planes de todos los Estados.

Al respecto, precisó que se ha retrasado el proceso por el propio tiempo que ha comprometido a Bruselas recabar todas las autorizaciones nacionales para emitir deuda, pero apuntó que ya ha podido colocar una primera emisión de 20.000 millones a diez años y con una demanda que ha multiplicado por siete veces dicha cifra, y la intención de Bruselas es realizar dos emisiones sindicadas más “antes del parón estival” para “poder realizar los primeros pagos antes de septiembre”.

En el caso de España, la previsión es recibir un abono de 10.000 millones con cargo al pago semestral en la segunda parte del año presentando para ello eventos ya cumplidos e incluidos en el Plan, como la hoja de ruta del hidrógeno renovable, la Agenda España Digital 2025, el Ingreso Mínimo Vital, la regulación del teletrabajo, la Ley Orgánica de Educación o la Ley de Cambio Climático.

En la segunda parte del año y ya pensando con el desembolso que correspondería al pago del primer semestre del 2021, apuntó que se presentarán como hitos cumplidos, entre otros, los planes para establecer un nuevo mecanismo permanente de flexibilidad interna para las empresas, la adopción de las políticas públicas del mercado de trabajo, la regulación de los riders, la simplificación de los contratos, mejorar el marco legal de la subcontratación o readaptar los ERTE.

También prevé completar la hoja de ruta de la energía eólica marina, la Estrategia Nacional de autoconsumo, la estrategia de movilidad sostenible, o la legislación para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Entre los proyectos comprometidos para el pago en el 2022 citó, por ejemplo, la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de Comunicación Audiovisual, la Ley Concursal, las medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude fiscal o el nuevo régimen de cotización de los trabajadores autónomos.

Para el pago del segundo semestre de ese mismo ejercicio apuntó la ley de Vivienda, la Ley de Refuerzo de la Evaluación de las Políticas Públicas, la modernización de las administraciones públicas, la Ley de eficiencia procesal, Pertes como el del vehículo eléctrico o la Ley de Startups.