El Consejo de Ministros aprobó el pasado 18 de mayo ese proyecto legislativo, que incluye objetivos que afectarán a la vida cotidiana, pues bares y restaurantes estarán obligados a dar agua de grifo gratis a los clientes que la pidan, se prohibirá la venta de artículos de plástico de un solo uso (como platos, cubiertos y pajitas) a la entrada en vigor de la ley, y los comerciantes cobrarán por vasos y envases de plástico de comida rápida a partir de 2023.

El proyecto de ley, que sustituirá a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2011, incluye elementos de fiscalidad ambiental largamente demandados por la OCDE o la Comisión Europea, y que actualmente están disgregados entre comunidades autónomas.

Uno de ellos será un impuesto sobre envases de plástico no reutilizables, algo que la Comisión Europea prevé como nuevo ingreso común en la UE. El tipo impositivo será de 0,45 euros por kilogramo de envase. Según datos de 2017, el Gobierno calcula una recaudación de cerca de 724 millones de euros anuales.

Esa nueva figura tributaria será indirecta y recaerá sobre la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español.

Otra figura impositiva propuesta por el Gobierno es un impuesto sobre incineración, coincineración y depósito de residuos en vertedero. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, "no es razonable" que más del 50% de la basura acabe en esos lugares y España debe dotarse de un marco común que evite el denominado 'turismo de residuos' entre regiones.

“FESTIVAL DEL INTERVENCIONISMO”

Sin embargo, el proyecto de ley no es del agrado de Vox, que ha registrado una enmienda a la totalidad, cuyo texto, al que tuvo acceso Servimedia, considera "particularmente desafortunada la cruzada anti-plástico" recogida en la norma propuesta por el Gobierno.

La formación dirigida por Santiago Abascal indica que el proyecto defiende "un modelo de gestión de los residuos que se caracterizará por más dirigismo estatal y supraestatal, más trabas burocráticas a las empresas y más impuestos que afectarán al crecimiento económico". "El resultado final es el crecimiento de un mercado de residuos artificioso ya existente sostenido con subvenciones y controlado por lobbies de poder", indica.

Además, apunta que los nuevos impuestos restarán "competitividad a las empresas" y terminarán repercutiéndose sobre "el bolsillo de los consumidores". "La Ley propuesta es un festival del intervencionismo y prohibiciones", apostilla.

"No es el momento de penalizaciones ni de impuestos que nos castigan de forma triplicada porque bebamos agua con un envase determinado", recalca Vox, que concluye: "Es un texto que, a base de parches, ha creado un monstruo de hiperregulación, obligando a una burocracia desmedida que sólo las grandes multinacionales pueden soportar, pero que aplasta al autónomo y a la pequeña empresa, que son la base de la industria del reciclaje".