En total, la institución llevó a cabo 115 actuaciones de supervisión, de las que 66 fueron visitas presenciales y 49 actuaciones sin contacto. De las presenciales, 24 resultaron de seguimiento y 42 primeras visitas, y se repartieron por 16 provincias de 10 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En total, se formularon 686 resoluciones (119 recomendaciones, 545 sugerencias y 22 recordatorios de deberes legales).

El Defensor del Pueblo realizó siete visitas a centros para menores infractores, en El Lavadero (Madrid), Tierras de Oria (Almería), La Marchenilla (Cádiz), Punta Blanca (Ceuta), Albaidel (Albacete) y Es Mussol y Es Pinaret (ambos en Palma de Mallorca).

De estas visitas, cinco fueron de seguimiento y dos corresponden a centros visitados por primera vez. En total, se formularon 36 recomendaciones, 70 sugerencias y siete recordatorios de deberes legales para mejorar las condiciones de estos centros. Además, durante el periodo de confinamiento domiciliario se realizaron nueve actuaciones no presenciales.

En estos centros, el Defensor del Pueblo prestó una especial atención a la utilización de la sujeción mecánica como medio de contención, la atención socioeducativa, las actividades deportivas y de ocio, la asistencia sanitaria, los registros personales, la cumplimentación adecuada de los libros de registro y resto de documentación, la correcta tramitación de los expedientes sancionadores y la posibilidad de que las personas internas puedan disponer de suficientes canales de comunicación para formular quejas, entre otros asuntos.

CENTROS PENITENCIARIOS

Por otro lado, el Defensor del Pueblo visitó el año pasado ocho centros penitenciarios, por primera vez en Madrid IV, Alicante II, Málaga II, Bonxe (Lugo) y Puig de les Basses (Figueres, Girona), y como seguimiento al CP Murcia II. En el marco del proyecto de visitas con enfoque de género y orientación sexual, inspeccionó los de Alcalá de Guadaira (Sevilla) y de Ceuta. Tras estas visitas, formuló 38 recomendaciones, 83 sugerencias y ocho recordatorios de deberes legales.

En el periodo de confinamiento domiciliario se realizaron 20 actuaciones no presenciales para hacer un seguimiento continuo de la evolución de la pandemia en los centros penitenciarios. Una de las cuestiones importantes y difíciles del pasado ejercicio ha sido la de mantener el equilibrio entre las medidas adoptadas para proteger a internos y empleados públicos y respetar los derechos de las personas privadas de libertad y los de sus familias.

Por último, el Defensor del Pueblo llamó la atención por el elevado número de expedientes sancionadores iniciados durante el primer estado de alarma de 2020, un dato que no encaja con la sensación general trasmitida por los responsables de los centros de que la población penitenciaria se había comportado de manera ejemplar durante este periodo.

Estas cifras son algunos ejemplos de la tendencia detectada de recurrir en exceso al procedimiento disciplinario penitenciario: en Albolote se iniciaron 173 expedientes y se impusieron 175 sanciones; en el de Algeciras, 251 expedientes y 88 sanciones; en Murcia II, 367 expedientes y 241 sanciones; en Estremera, 298 expedientes y 199 sanciones; en Quatre Camins, 306 expedientes y 340 sanciones, y en Ponent se aplicaron 184 sanciones de asilamiento en celda.