Cañada Real

Un estudio de la UC3M conmina a las administraciones a actuar para acabar con la “crisis de derechos humanos” que afecta a los niños de la Cañada Real

Madrid
SERVIMEDIA

Todas las administraciones con competencias directas sobre la Cañada Real deberían llevar a cabo un “plan de acción conjunto y coordinado” que permita poner fin a la “crisis de derechos humanos”, que afecta singularmente a la infancia, que se vive en esta zona de Madrid, cuyos vecinos llevan sufriendo cortes de luz desde hace ocho meses.

Esta es una de las principales conclusiones del estudio ‘Luz para la Cañada. El impacto del corte de suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes’, elaborado por la Clínica Jurídica del Máster de Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que se presentó hoy en el Aula Magna de Icade en la capital.

El estudio concluye que la situación en la Cañada Real “no es únicamente una emergencia humanitaria, sino que se trata de una verdadera crisis de derechos humanos, donde la vida de sus habitantes se está viendo afectada por una disputa competencial entre las diferentes administraciones, siendo último granate el Gobierno central”.

En ese sentido, arguye que los actores políticos con competencia en el lugar “lejos de buscar soluciones, han invertido todos sus esfuerzos en desviar la responsabilidad de unos a otros”, a pesar de que la crisis se ha convertido en “un problema de estado”.

Por ello, considera necesario que todas las administraciones desarrollen “un plan de acción conjunto y coordinado”, ya que el Pacto por la Cañada Real Galiana “no es efectivo”. Ese plan, que debería ser “vinculante”, tendría que contar con la participación de la población y las asociaciones vecinales y las diferentes administraciones, detallándose claramente las responsabilidades y competencias de cada una de ellas.

También cree posible atender las peticiones de las asociaciones vecinales la Cañada Real y su Sector 6, siempre y cuando se afronte el problema de la contaminación emitida desde el Parque Tecnológico de Valdemingómez, y se tengan en cuenta los proyectos urbanísticos que rodean a la zona.

A su vez, el trabajo subraya que “no cabe duda de la grave vulneración de derechos de la infancia” que provoca el corte de suministro en la Cañada Real: derecho a la vivienda digna, el derecho a la educación y el derecho a la salud, “que son imprescindibles para un correcto desarrollo de la etapa infantil”.

Atestigua que “el nivel de salud y bienestar que alcanza cada persona depende de múltiples factores, entre ellos, los determinantes sociales, que incluyen las condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales en las que viven y crecen las personas, gozan de una importancia clave”, por lo que “resulta menester poner solución a la situación deficiente que viven cada día las niñas, niños y adolescentes de la Cañada Real Galiana”.

Tras recordar que el derecho a la educación de todos los niños está consagrado en numerosos textos y declaraciones a nivel nacional e internacional, asevera que en la Cañada Real Galiana “se está vulnerando este derecho como consecuencia indirecta de una decisión privada”, lo que “supone razón suficiente para que los servicios e instituciones competentes intervengan en el asunto, para eliminar la causa de tal vulneración y restituir la normalidad en el ámbito académico de las niñas, los niños y adolescentes residentes en el Sector 6”.

Por ello, y ante “la inactividad negativa de actuación de los entes territoriales”, el Estado “debería actuar en pro de la defensa de las víctimas de tal vulneración, haciendo un especial hincapié en la protección y empoderamiento de la infancia más vulnerable”.

También evoca que los países deben garantizar el suministro energético, por lo que, en este caso, España debería salvaguardar los derechos de “los clientes denominados vulnerables”.

A pesar de que “la práctica totalidad de las personas residentes en la Cañada Real Galiana no cuenten con un contrato de suministro de luz, subsistiendo energéticamente a través de enganches directos a la propia red”, el estudio establece que “no estaría justificado a los ojos de la normativa y recomendaciones internacionales proceder a la interrupción del suministro. Máxime cuando nos encontramos en plena pandemia mundial declarada y la medida afecta a niñas, niños y adolescentes extremadamente vulnerables, pudiendo quedar por ello sometida la entidad Naturgy a consecuencias legales en caso de realizarse la oportuna denuncia o reclamación”.

Por último, expone que “no hay a lugar a dudas de que la situación actual de la Cañada Real agravada por los cortes de energía ha supuesto un impacto extraordinario para todas las niñas, los niños y adolescentes que allí residen y a sus derechos”.

Esto le sirve para exhortar a las administraciones a revertir la “desatención absoluta” en la que están los niños, y a trabajar conjuntamente para atender su “interés superior”.

(SERVIMEDIA)
24 Jun 2021
MST/gja