Así lo afirmó en rueda de prensa junto a la ministra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Erika Mouynes, tras la firma de un Memorando de Entendimiento en materia de consultas bilaterales.

Arancha González Laya desveló que el Servicio Exterior, y ella misma de manera discreta, ha “buscado el diálogo con las autoridades nicaragüenses para que se reviertan una serie de medidas que atentan contra sus ciudadanos, que atentan contra sus derechos, que atentan contra su capacidad de ser actores políticos, y contra principios de funcionamiento básico del país".

La jefa de la Cancillería admitió que, a pesar de las gestiones realizadas en las últimas semanas, no ha visto “de momento” progresos en esa dirección por parte del régimen de Daniel Ortega, y añadió que “evidentemente España, junto con el resto de los Estados miembros de la UE”, estudia cuáles tienen que ser los próximos pasos. “Nos preocupa la ciudadanía nicaragüense y que se estén pisoteando sus derechos”, subrayó.

Para la titular de Exteriores, lo que ahora “es muy importante es que Nicaragua cumpla con los compromisos que ha adquirido con sus propios ciudadanos, como los estándares de democracia y respeto de los derechos humanos, de libertades individuales, de procedimientos judiciales justos”, y dejó en suspenso la posibilidad de retirar al Embajador de España, como ya han hecho algunos países.

González Laya fue tajante al afirmar que “de lo que se trata aquí no es de que España le diga a Nicaragua lo que tiene que hacer”. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Erika Mouynes, destacó que la primera tarea a afrontar es “visibilizar lo que está sucediendo”, y lamentó que “en pocos días se han dado muchos eventos que atentan contra la democracia y contra el ejercicio y la posibilidad de tener unas elecciones libres y transparentes”.