Las entidades manifestaron la necesidad urgente de una reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería tras la creciente situación de desprotección de miles de personas extranjeras que viven en España y que se ha visto agudizada a causa de la Covid-19.

La Ley de Extranjería y su Reglamento establecen un sistema progresivo de acceso a los derechos y libertades, que reconoce, en todo caso, el derecho de todas las personas extranjeras que viven en España a la libre circulación por territorio nacional, a la salud, a la educación y a la protección social, por ejemplo.

Actualmente se estima que en España más de un millón de personas no pueden ejercer sus derechos por no cumplir con requisitos administrativos.

Es por ello que las organizaciones señalaron el desarrollo del Reglamento, que condiciona la regularidad administrativa al cumplimiento de unos criterios que afectan a la realidad social, laboral y económica, y lleva una situación de exclusión a un alto porcentaje de la población migrante intercediendo en sus procesos de integración e incorporación a la sociedad española.

En el documento de propuestas trasladado por las entidades sociales al director general se abordan reformas en cuatro apartados concretos: adecuación de la normativa interna a los estándares internaciones de derechos humanos, establecimiento de vías legales y seguras, las autorizaciones de residencia y trabajo, y el problema de la irregularidad sobrevenida.