Así lo aseguró durante la inauguración de los ‘Conversatorios Salud sexual y reproductiva: Hacia la modificación de la Ley Orgánica 2/2010', organizados por el Instituto de las Mujeres.

En su intervención, Montero reconoció el “avance significativo que supuso la ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo pero aún hay barreras que impiden el acceso efectivo a este derecho”.

Por ello, “la ley del aborto necesita ser reformada”. Una reforma que, según la ministra, debe abordar ciertas cuestiones como eliminar los tres días de reflexión que hoy son obligatorios para para poder interrumpir voluntariamente el embarazo. En este sentido, puntualizó que “las decisiones de las mujeres no necesitan supervisión ni tutela”.

En segundo lugar, esta reforma de la ley debe penalizar el acoso a las clínicas, ya que “este es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo”. Un acoso que, según Irene Montero, también se produce a las profesionales que trabajan en estos centros. Por ello, “hay que garantizar que estas clínicas y sus entornos sean lugares seguros”.

HOSPITALES PÚBLICOS

En tercer lugar, Montero señaló la importancia de que cualquier mujer pueda acudir a practicar una interrupción voluntaria del embarazo a un hospital público y cercano a su domicilio y que lo pueda hacer eligiendo el método y con todas las garantías para sus derechos. Para ello, remarcó, “es imprescindible regular la objeción de conciencia. Pensamos que el derecho de los médicos a la objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho a decidir de las mujeres”.

Del mismo modo, la ministra de Igualdad destacó que en la reforma de esta ley también debe contemplarse el derecho a la anticoncepción y “en esto es importante hablar no solo de la garantía al derecho de los métodos anticonceptivos para las mujeres sino también de promocionar la anticoncepción masculina”.