En un trabajo publicado firmado por Benito Arruñada (Universidad Pompeu Fabra) y publicado este lunes se analiza el derecho concursal español. El trabajo critica el “excesivo protagonismo judicial” en la legislación concursal y la presencia de reglas que “ex post y en un intento de favorecer la continuidad empresarial, resultan favorables al deudor”.

Según Fedea, “a menudo estas reglas sólo logran retrasar la liquidación de empresas inviables” y como consecuencia, todos los participantes en la empresa, incluidos los propios deudores que, de otro modo, habrían de pagar más o no podrían acceder al crédito, “tienen interés ex ante en estructurar sus transacciones de tal modo que eviten en el futuro su recurso al derecho concursal”.

El trabajo defiende “la conveniencia de equilibrar el proceso concursal”, aumentando los derechos de decisión de los acreedores, y de practicar una “mayor contención normativa y judicial” que, al tener en cuenta no sólo las ventajas comparativas sino también las limitaciones que sufren leyes y jueces, “permitiría una interacción más fructífera” del ordenamiento público con las soluciones privadas.

En este sentido, propone aliviar el “reglamentismo procedimental”, adaptar las atribuciones judiciales (en especial, en lo relativo a la discrecionalidad de hecho para hacer cumplir o no acuerdos y convenios), atribuir más derechos de decisión a los acreedores (sobre todo, en materia de venta de unidades de negocio y cese de administradores), y suprimir el privilegio de los créditos públicos o, al menos, condicionar dicho privilegio a su previa publicidad.

El autor recuerda que pende sobre el sistema concursal la trasposición de la Directiva 2019/1023, así como el “ingente” número de insolvencias causadas por la pandemia del Covid-19, con lo que “se trata de un doble desafío al que, con su actual orientación, dicho sistema difícilmente podrá responder con eficacia”.

Así, apunta que la crisis abre una oportunidad para, “más que reformarlo, reorientarlo” según se propone coincidiendo con “las exitosas reformas que afectaron en 2014 a los acuerdos de refinanciación”.