Así lo demandó en un comunicado en el que, con respecto a la situación del profesorado, volvió a reclamar que se establezca una Ley de la profesión docente donde se recoja una normativa marco que regule la docencia no universitaria en todo el Estado.

En el ámbito de la enseñanza pública, exigió la articulación de un Estatuto de la Función Pública Docente que establezca las condiciones laborales y profesionales de los docentes, regule su carrera profesional en aspectos como el ingreso y acceso a la función pública docente, y que conlleve una “clara definición y reestructuración” de los cuerpos con la inclusión de todos en el grupo A1.

Para ANPE, “urge” aprobar, asimismo, la normativa necesaria para integrar en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria al profesorado perteneciente al cuerpo de profesor técnico de formación profesional (PTFP) que estaba en posesión del título de Grado o equivalente a la entrada en vigor de la Lomloe, y regular los procedimientos que posibiliten a los funcionarios de carrera de dicho cuerpo que no cumplieran con este requisito en ese momento para que lo puedan justificar más adelante.

ANPE ve “imprescindible” mantener los desdobles actuales y el profesorado contratado en las distintas comunidades autónomas para poder cumplir las medidas sanitarias, asegurar la presencialidad en todas las enseñanzas y “compensar” los déficits de aprendizaje producidos durante la pandemia.

Junto a ello, el sindicato ofreció a la nueva ministra de Educación y Formación Profesional su “voluntad de dialogar y llegar a acuerdos” para el desarrollo de la Lomloe y la mejora de las condiciones laborales y sociales del profesorado.
FP
Con respecto a la FP, reclamó “diálogo” para afrontar las futuras reformas y recordó que, para que la ley sea eficaz, es preciso contar con recursos humanos y medios para materializarla y hacer de la Formación Profesional “una verdadera prioridad educativa para la formación de nuestros jóvenes”.

Las principales exigencias de ANPE en este ámbito son que todos los centros cuenten con la dotación suficiente de especialistas en Formación y Orientación Laboral y en orientación educativa y que competencias como evaluar o establecer resultados de aprendizaje sean atribuidas “en todo momento” a los profesores tutores del centro y no a los tutores de empresa.