Así se expresa Ence en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras recibir la notificación de las dos sentencias que estiman los recursos contencioso-administrativos interpuestos por el Ayuntamiento de Pontevedra y por Green Peace España contra la resolución de 2016 por la que se acordó la prórroga de la concesión por 60 años.

A este respecto, la compañía señala que “desde el respeto absoluto a las decisiones de la justicia, quiere poner de manifiesto su desacuerdo con esta decisión del tribunal, tal y como demuestran estudios independientes como los de la ingeniería Idom”.

Además, defiende la validez de la prórroga de esta concesión, de la que dependen más de 5.100 familias en Galicia de forma directa e indirecta.

La concesión de la fábrica de Pontevedra fue prorrogada en enero de 2016 mediante una resolución del entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por un plazo de 50 años, más otros 10 adicionales vinculados a un compromiso de inversión en mejoras ambientales y operativas de 71 millones de euros.

Ence sostiene que esta ampliación fue realizada en “cumplimiento estricto de la legalidad”, en aplicación de la Ley de Costas de 2013 y el Reglamento General de Costas de 2014.

Además, Ence se comprometió a desarrollar un programa de inversiones en Galicia por otros 47 millones de euros, y a implementar un plan social en Pontevedra de 3 millones al año durante los 60 años de concesión.

Por todo ello, advierte de que “la sentencia de la Audiencia Nacional supone un duro golpe para el empleo y la economía de toda Galicia” y recuerda que la planta dispone de una plantilla fija de 400 empleados a los que se unen 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte.

Adicionalmente, indica que otros 2.100 empleos del sector forestal de Galicia dependen directamente de la actividad de Ence-Pontevedra, por lo que en total el cierre afecta a más de 5.100 empleos, a los que se suman las cerca de 200.000 familias productoras forestales del norte de España, que también se verían afectadas por el cese de la actividad de esta planta y la consiguiente caída de la demanda.

Por último, afirma que la planta cumple “sobradamente” con toda la legislación ambiental y, con su actividad, promueve la utilización de celulosa, un material reciclable, biodegradable y sustitutivo de los derivados del plástico.