La convalidación de la norma salió adelante con 170 votos a favor, 169 votos en contra y 8 abstenciones, para a continuación ser aprobada su tramitación como proyecto de ley por 346 votos a favor, 1 votos en contra y 1 abstención.

En la última semana varios de los grupos parlamentarios que habitualmente apoyan las iniciativas del Gobierno habían mostrado sus dudas sobre este real decreto, por lo que Montero les pidió el apoyo para la convalidación del real decreto este miércoles para posteriormente tramitarlo en forma de proyecto de ley y que así el resto de grupos puedan “incorporar cuantas mejoras sean posibles”.

Asimismo, la ministra se mostró abierta a aceptar algunas de las peticiones de los grupos parlamentarios, como la realizada por Unidas Podemos para que las oposiciones que realicen los interinos no sean eliminatorias. En concreto, Montero indicó que, en caso de que hoy la norma sea convalidada, durante la posterior tramitación parlamentaria se incorporaría al texto "de forma explícita” que la oposición “podría no ser eliminatoria”, según el criterio que determine cada comunidad autónoma o corporación local.

De esta forma, Montero apuntó la voluntad de “diálogo y acuerdo” del Ejecutivo ante “un tema tan complejo, que afecta a tantas personas y al conjunto de las administraciones públicas”.

CONTENIDO

El real decreto nació de un acuerdo del anterior ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de julio. Las distintas partes alcanzaron este acuerdo después de los pronunciamientos del Tribunal Europeo y del Tribunal Supremo.

En virtud del acuerdo, los contratos temporales tendrán una duración máxima de tres años y esas plazas tendrán que incorporarse a ofertas de empleo público. El interino, además, tendrá garantía de permanencia en su puesto de trabajo siempre y cuando esté en marcha el proceso selectivo.

Por su parte, las administraciones deberán indemnizar al personal afectado con 20 días por año de servicio y hasta 12 mensualidades cuando extiendan los contratos temporales más allá de los tres años y se extinga su relación laboral. Además, todo acto administrativo que suponga el incumplimiento de estos plazos máximos será nulo de pleno derecho y se exigirán las responsabilidades que procedan (en materia disciplinaria, civil o incluso penal) a los gestores.

De manera paralela, el acuerdo contempla “un proceso de estabilización que afectará a más de 300.000 plazas estructurales” que hoy están ocupadas por personal temporal y que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024 “como fecha límite improrrogable”. La experiencia adquirida en el puesto se valorará con hasta un 40% en todos los ámbitos de cara a optar al proceso selectivo de estabilización.

DEBATE

Durante el debate de la convalidación o derogación del real decreto, la diputada del PP María de los Llanos de Luna anunció el voto en contra de su grupo y criticó la “línea autoritaria” del Ejecutivo por tratar de resolver la cuestión de los interinos con la utilización “autoritaria y abusiva del real decreto ley” y considerarlo un “desprecio absoluto al poder legislativo”.

Por parte de Vox, José María Figaredo anunció el voto en contra de su grupo y acusó a Montero de estar haciendo “el mayor ERE de España” y de mandar “a jugarse su suerte a 800.000 personas” en un concurso público “con absoluta inseguridad jurídica”. El diputado denunció que esta situación ha sido causada por el “estado de bienestar de los políticos”, pues una empresa privada “estaría cerrada ya” en una situación similar.

En representación de Unidas Podemos, Pedro Honrubia señaló el apoyo de su grupo a pesar de no estar “satisfechos” con el contenido del real decreto, aunque indicó que se han producido “avances importantes” gracias a los planteamientos de la formación. El diputado aseguró que si en la mesa de negociación “se reflejan los contenidos que se están acordando, habrá una mejora sustancial para la situación de estas personas”.

Para que finalmente la norma saliera adelante fue vital el cambio de posición a última hora de ERC, cuya diputada Pilar Vallugera recordó al Gobierno que “no tiene mayoría absoluta” y le lanzó un “aviso a navegantes”, señalando el acuerdo ‘in extremis’ con su formación para facilitar que la norma salga adelante y mejorarla en la tramitación como proyecto de ley.

Así, la diputada catalana afeó al Ejecutivo que esta cuestión “ni tenía que tramitarse por la vía de urgencia ni sin los apoyos garantizados” y criticó, entre otras cuestiones, que la indemnización por despido establecida es “cicatera y mezquina y tiene que ver con una reforma laboral que ya no sabemos cómo pedir que se derogue”. Por ello, concluyó advirtiendo al PSOE que “tienen una última oportunidad para cumplir con sus acuerdos” y pidiendo que “por favor, por una vez estén a la altura”.

En cuanto a Ciudadanos, que votó en contra, el diputado José María Espejo recordó que esta es una situación “que preocupa desde hace 20 años, cuando Europa dictó la directiva que hoy se está incumpliendo” y que en ese tiempo ha habido “Gobiernos del PP y del PSOE y no se ha hecho nada”. Asimismo, señaló que el real decreto es “insuficiente” y “una operación de maquillaje” porque “carece de una solución real para quienes están en situación de fraude”.

En representación del PNV, que se abstuvo, Mikel Legarda indicó que el real decreto tiene “notables deficiencias que debieran ser subsanadas en trámites futuros si llegara a posibilitarse” y expresó sus dudas acerca de cuestiones como “las tasas de reposición” o “la situación de las indemnizaciones económicas”.

Por parte de Bildu, Mertxe Aizpurua indicó su voto en contra y criticó que el Gobierno aprobó este “decretazo” sin tener en cuenta las necesidades de las administraciones vascas, “sin contar con nadie” y que “lo traen aquí esperando que las fuerzas progresistas traguemos y lo aprobemos porque sí”.

En representación del PDECat, Ferran Bel señaló el voto contrario de su partido por la falta de diálogo del Gobierno y criticó las soluciones planteadas por el mismo, al considerar que el esfuerzo para arreglar la situación recae en los interinos.

Josep Pagés, de Junts, indicó que su formación votaría en contra al considerar que “no hay ninguna razón ni para abstenernos” y cargó contra Miquel Iceta al señalar que dio una “lección de prepotencia, arrogancia y falta de sentido común” a la hora de negociar la aprobación del decreto, el cual calificó como “una broma pesada” del exministro de Política Territorial.

El diputado Albert Botran, de la CUP, manifestó el sentido negativo de su formación al considerar que el real decreto “no es la solución que tomaría un gobierno de izquierdas”. Así, Botran advirtió al Gobierno de que “dividir a la clase trabajadora nunca es una política de izquierdas” y que esta medida “supone un debilitamiento del sector público”.

En nombre de Coalición Canaria, Ana Oramas preguntó a Montero si “no le da vergüenza a un Gobierno que se dice de izquierdas y progresista que esta es la solución para 800.000 trabajadores interinos en fraude de ley por abuso de temporalidad”. “Lo que van a hacer es el mayor ERE de la historia”, criticó la diputada canaria, que además denunció que “las condiciones de despido e indemnización no se las consentirían a una empresa privada” y que el Ejecutivo le está diciendo a los interinos “que se vayan a la calle y al paro”.

Por Nueva Canarias, Pedro Quevedo señaló su apoyo al decreto al estar de acuerdo “en que se debe tramitar como proyecto de ley” con cuestiones “que se pueden perfeccionar”, aunque señaló que no lo hubiesen podido apoyar “si hubiese venido tal y como está”.

Néstor Rego, del BNG, anunció su voto en contra, en línea, indicó, con el “sindicalismo gallego”, y debido a que el real decreto “solo aborda la modificación del EBEP” que no puede “solucionar por si sola el problema” y no aborda otras líneas “tratadas por el Gobierno en reuniones previas”.

Por su parte, Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, anunció su voto en contra al considerar que el real decreto “atropella los derechos laborales de casi 800.000 empleados públicos interinos, incumple normativas comunitarias y jurisprudencia europea, y perjudica a los trabajadores afectados y desestabiliza a sus familias, convirtiéndolas en víctimas de las administraciones”.