El Cermi recuerda en una nota que la siniestralidad vial sigue siendo una de las primeras causas generadoras de discapacidad en España y considera que las víctimas que sobreviven a los accidentes de tráfico pero adquieren una discapacidad no cuentan con los apoyos necesarios para retomar una vida normalizada.

"En la próxima legislatura, el Gobierno que surja de las urnas debe impulsar una política de atención a víctimas digna de tal nombre, que acompañe los buenos resultados obtenidos en los últimos años en la reducción de la mortalidad en carretera", indica.

En opinión del Cermi, debe aprobarse una ley de protección integral de las víctimas de tráfico, "que establezca un marco sistemático, coherente y reforzado de apoyo a las víctimas y a sus familias, del que hoy carecemos en España".

De igual modo, considera que el nuevo Gobierno debe dedicar el 33% de lo recaudado por multas de tráfico a la atención a las víctimas, mediante la creación de una fundación pública que gestione programas de apoyo y asistencia, en estrecha cooperación con la sociedad civil que trabaja con seriedad en este campo.

Otra de las medidas que exige el Cermi es la urgente revisión del baremo oficial de indemnizaciones por accidente de tráfico, para que se adapte a la realidad actual y valore con justeza los efectos de todo tipo que el accidente supone para la víctima.