En relación a la tramitación de una queja por el inicio de expedientes de expulsión a familias que viven en Melilla desde hace años y que habían solicitado escolarizar a sus hijos menores de edad, la institución ha recibido un escrito de la Jefatura Superior de la Policía de la Ciudad Autónoma que reconoce esta práctica y la justifica en la aplicación de la normativa de la Ley de Extranjería, según explicó este miércoles el Defensor en un comunicado.

Fernández Marugán subrayó que “algunos” de los procedimientos de expulsión se han incoado a personas que estaban realizando los trámites necesarios para poder escolarizar a sus hijos el curso que viene después de que el Ministerio de Educación hubiese aceptado varias resoluciones de esta institución.

A su juicio, el cumplimiento “riguroso” de la normativa provoca situaciones “injustas o perjudiciales” para estas personas que llevan años residiendo en la ciudad autónoma, por lo que instó a la Delegación del Gobierno y a la Jefatura Superior de Policía de Melilla a que “revisen” esta práctica de incoar expedientes sancionadores a los ciudadanos extranjeros cuando acuden a una comisaría de Policía para realizar los trámites necesarios con el fin de “ejercer el derecho a la educación de sus hijos o el acceso a la sanidad”.

AÑOS DE QUEJAS

Tras puntualizar que el de Melilla es “uno de los últimos” casos detectados, el Defensor del Pueblo señaló que ya lleva “varios años” recibiendo quejas sobre este asunto desde puntos como Navarra, Valencia o Andalucía, y puso como ejemplo el caso de tres mujeres extranjeras madres de menores españoles a las que se incoó un expediente de expulsión tras acudir a la comisaría de Paterna (Valencia) para expedir o renovar el DNI de sus hijos, por lo que la institución mantiene abierta una actuación con la Dirección General de la Policía.

A su entender, esta práctica “tiene un claro efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, supone una quiebra de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica y vulnera el Estatuto de la víctima”.

Por este motivo, en 2004 dirigió una recomendación para proteger el denominado ‘safe reporting’, esto es, que el hecho de haber sido testigo o víctima de un delito “pueda ser denunciado con seguridad, independientemente de la situación administrativa del denunciante”, pero fue parcialmente aceptada en 2009 tan solo para las denuncias formuladas por mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.

En este sentido, recordó que en 2019 dirigió una recomendación para “asegurar” que las personas extranjeras en situación irregular puedan formular denuncia sin que se les derive por esta causa a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional, pero fue rechazada.