En concreto, el recurso del PP es contra la exposición de motivos de la Ley Orgánica 5/2021, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal. El partido de Pablo Casado reclama que se consideren inconstitucionales los párrafos 3 y 4 del preámbulo de la norma publicada en el BOE.

El texto del recurso, de 54 páginas, señala que se utilizó la ley para derogar la pena de cárcel a los piquetes violentos para incluir dos párrafos que atacan a un Gobierno del PP, acusándole de un proceso de desmantelamiento de las libertades y de desplegar un entramado de leyes que asfixiaban la capacidad de protesta hacia las políticas de dicho Ejecutivo.

En concreto, el Gobierno decía que “con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”.

A juicio del PP, “se producía con ello un ataque explícito a un partido político desde las páginas del Boletín Oficial del Estado”, algo que “en todo caso debe reputarse por completo improcedente e inconstitucional”, por lo que los citados párrafos “deben ser eliminados” del preámbulo de la Ley.

“Se pretende en esencia que por el Tribunal Constitucional se declare que cuando se disfraza un texto bajo la apariencia de preámbulo de una ley, sin que pueda tener consideración de tal, sí cabe el recurso de inconstitucionalidad con la finalidad de que se declare precisamente que tal texto no puede ser reconocido ni considerado como parte de la ley”, se señala en el recurso.

El PP argumenta que “al tratarse de la impugnación de una parte de la ley y al ostentar el monopolio para la declaración de inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional, necesariamente ha de dirigirse esta parte a este tribunal para la defensa de los derechos”, al no existir control jurisdiccional alternativo ni tampoco control no jurisdiccional (parlamentario o de otra naturaleza) distinto al pretendido mediante un recurso de inconstitucionalidad.

Fue la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, quien confirmó la presentación en los últimos días de este recurso que ya se había anunciado en su momento, tras el ataque directo” del Gobierno al PP en el BOE, al utilizar el preámbulo de un texto legislativo para “atacar y señalar” al principal partido de la oposición.

Gamarra también confirmó la presentación de otro recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el veto del Gobierno a debatir en el Congreso la creación de una autoridad independiente que gestione los fondos europeos, para que “no lleguen solo a los amigos del Gobierno”.

Además, explicó que la actividad parlamentaria del PP en la Cámara Baja está acompañada por los 13 recursos presentados ante el Tribunal Constitucional “en defensa de los derechos de los españoles y de nuestra actividad parlamentaria que ha sido atacada por un Gobierno autoritario que quiere controlar al resto de los poderes”.

Al mismo tiempo, Gamarra avanzó la presentación de dos iniciativas para desbloquear los 7.000 millones en ayudas directas que se anunciaron en marzo, así como los 10.000 millones del fondo de solvencia de la SEPI para empresas estratégicas, “que sí llegan a los amigos de Plus Ultra”.