Así lo precisó este jueves el departamento de Miquel Iceta en un comunicado en el que recordó que el proyecto está incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que su objetivo es la creación de un organismo que desempeñe “con mayor ambición y eficacia” la actividad del Estado en materia de derechos de autor y derechos conexos.

Tras subrayar la “importancia estratégica” de las actividades vinculadas con la propiedad intelectual y las industrias culturales y creativas, que supusieron para España un 3,4% del PIB en 2018 y un 3,6% del empleo total en 2019, el gabinete de Iceta juzgó “cada vez más necesario” disponer en España de una “arquitectura institucional a la altura de las necesidades y oportunidades” que representa el sector para el “interés general” del país y defendió el “constante aumento” que ha experimentado la actividad del ministerio relacionada con la propiedad intelectual.

A este respecto, citó la ampliación del ámbito de supervisión y control de las entidades de gestión, la lucha contra los incumplimientos en el entorno online, la labor de la Secretaría de las dos secciones de la Comisión de Propiedad Intelectual o la multiplicación de la actividad normativa de la UE e internacional, entre otros aspectos y recordó que las dos directivas comunitarias que forman parte de la Estrategia europea del Mercado Único Digital contemplan “funciones adicionales”.

Por ello, Cultura consideró que la estructura actual resulta “insuficiente para poner en práctica una política integral efectiva” de “promoción y protección” de los derechos de propiedad intelectual y del conjunto de la economía creativa, sector en el que, defendió, “España es una potencia”.

En este sentido, el anteproyecto de ley persigue la creación de un organismo público, similar al de los países del entorno, que cuente con la capacidad y recursos “adecuados” para lograrlo.