Así lo precisó este viernes el departamento de Teresa Ribera en un comunicado en el que hizo balance semestral de su actividad, marcada por la Ley de Cambio Climático, un paquete de medidas coyunturales y a largo plazo para “reformular” el sistema eléctrico español y “ajustarlo” a las necesidades del consumidor y el diseño de un nuevo marco legislativo que dé soporte a la Estrategia de Economía Circular, junto al impulso de políticas transversales para “afianzar” la cohesión social y territorial en el marco de la lucha contra la despoblación y el reto demográfico.
La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, reconoció que ha sido un semestre “muy intenso” en el que su gabinete ha “activado nuevos resortes” para generar un cambio socioeconómico y una “verdadera transformación ecológica y ambiental del país”. “Avanzamos en el cumplimiento de la estrategia global de políticas verdes que el Gobierno se fijó desde el principio de la legislatura, hemos logrado hitos y sentado las bases para alcanzar otros a lo largo del año en materias como la gestión de residuos, calidad del aire, planificación hidrológica, energía y movilidad, con el objetivo de hacer a la sociedad española más resiliente frente al cambio climático y capaz, a la vez, de aprovechar las oportunidades de crecimiento sólido y equitativo que ofrece la transición hacia la descarbonización”, agregó.
Por lo que respecta a la Ley de Cambio Climático, en mayo el Miteco presentó a información pública la orden ministerial para la organización de la Asamblea Ciudadana para el Clima, un instrumento de funcionamiento independiente que busca “reforzar las vías de diálogo y participación ciudadana”, que permita establecer un debate social sobre la búsqueda de soluciones a la crisis climática, según el ministerio.
“Se trata así de generar reflexión, conocimiento colectivo y consensos sobre las soluciones a las grandes transformaciones que es necesario acometer”, apostilló.
CONSUMIDOR VULNERABLE
El Miteco defendió que el enfoque social ha guiado toda su actuación en materia energética, con “especial énfasis” en la protección los consumidores vulnerables en el contexto de la pandemia, manteniendo la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, gas y agua, que se prolongará hasta el próximo 31 de octubre.
En paralelo, sigue trabajando para “optimizar” los bonos sociales eléctrico y térmico, en línea con la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.
La reforma estructural del sistema energético para avanzar en la senda de la sostenibilidad y reducir el precio de la electricidad de todos los consumidores es otra de sus “prioridades” y, en este sentido, subrayó que está “aprovechando las oportunidades” que, a su juicio, “brinda” el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia (PRTR) para “acelerar” la transición ecológica y el ahorro, y ha activado 2.370 millones en ayudas para fomentar la movilidad eléctrica, el autoconsumo, el uso de baterías y de sistemas de climatización renovable, así como para facilitar la restauración ambiental de zonas degradadas por la minería.

Como parte de esta reforma estructural citó dos proyectos normativos que se encuentran en “avanzado” estado de tramitación que rebajarán la factura final de los hogares un 15% cuando se apliquen en su totalidad, como son el anteproyecto de ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido en el mercado eléctrico, que detraerá ingresos de las centrales atómicas e hidráulicas y el proyecto de ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que retirará más de 6.000 millones en cargos de la tarifa eléctrica.
Junto a ello, el Miteco ha participado en dos medidas coyunturales que consideró “clave” para “atajar” la escalada del precio de la luz que está provocando la subida de la cotización del gas natural y el CO2 en los mercados internacionales como son la reducción del IVA desde el 21% al 10%, y la suspensión del impuesto de sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, que, combinadas, bajan la factura de un hogar medio más de un 12%.
Además, sigue “avanzando” en el desarrollo del Pniec, con actuaciones como la aprobación de la Estrategia de Almacenamiento Energético o la salida a información pública de la propuesta de Hoja de Ruta de la Eólica Marina y las Energías del Mar y de la Hoja de Ruta del Biogás, acompañado todo ello de la aplicación de la Estrategia de Transición Justa “para no dejar atrás a quienes sufren temporalmente efectos negativos de la descarbonización y encauzar el impulso socioeconómico hacia las regiones donde cierran centrales de carbón o nucleares”, según el departamento de Ribera.
ECONOMÍA CIRCULAR
En su balance también destacó el avance en la ejecución de los compromisos adquiridos en la Estrategia Española de Economía Circular aprobada en 2020 y recordó que ya en mayo se aprobó el I Plan de Acción de Economía Circular (PAEC), dotado de 1.529 millones para financiar un total de 116 medidas que la Administración General del Estado ejecutará entre 2021 y 2023 para consolidar progresivamente el despliegue de un modelo económico sostenible y descarbonizado.
Junto con la futura Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que fija por primera vez limitaciones a los plásticos de un solo uso y cuyo proyecto aprobó el Consejo de Ministros del pasado 18 de mayo y se debate ahora en las Cortes, conforma, según el Miteco, la “clave de bóveda” de todo el paquete de economía circular.
NUEVA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
En junio el Miteco dio a conocer su propuesta para los planes de cuenca del período 2022-2027. Los planes hidrológicos de tercer ciclo, que estarán en consulta pública hasta el próximo mes de diciembre, constituyen para el ministerio “una herramienta esencial” que permitirá abordar la gestión del agua en España durante los próximos seis años, “en sintonía” con los principios y estrategias del Pacto Verde Europeo y con los objetivos de adaptación al cambio climático.
En el área de conservación de la biodiversidad y hábitats, el Parque Nacional Sierra de las Nieves se sumó a la red de espacios naturales con el máximo nivel de protección ambiental, el decimosexto parque nacional, tercero de la comunidad autónoma de Andalucía y se ha puesto en marcha el Plan para la Protección del Borde Litoral del Mar Menor.
Este mes de julio, además, se aprobó a instancias del Miteco y otros ministerios la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, con un horizonte temporal hasta el año 2050 y que marca las directrices para identificar y conservar los elementos que componen la infraestructura verde del territorio español, terrestre y marino, entre otras acciones.
Por lo que respecta al reto demográfico, en marzo se aprobó el Plan de 130 Medidas frente al Reto Demográfico, resultado de la acción “transversal” del Gobierno para “combatir” la despoblación y “garantizar la cohesión social y territorial”, según el ministerio, al incorporar a las áreas rurales y los pequeños municipios en la implementación de la agenda de recuperación “verde, digital e inclusiva”.