Esta ONG emitió un comunicado en el que advirtió de que la permanencia en el poder de Daniel Ortega “perpetuaría la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional” perpetrados durante su mandato.

Ante esta situación, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, arguyó que “mientras se anuncia la candidatura de Daniel Ortega, miles de víctimas de violaciones a derechos humanos siguen esperando justicia por los crímenes cometidos por las autoridades nicaragüenses bajo su gobierno”.

Por ello, avanzó que “mantener las estructuras que han asegurado la impunidad no puede ser la base para la construcción del futuro del país”, a tiempo que dejó claro que “para salir de la crisis se necesita que las violaciones a los derechos humanos se detengan, que los señalados como sospechosos sean investigados con imparcialidad y prontamente que las víctimas obtengan justicia, verdad y reparación”.

Amnistía Internacional denunció que Ortega “ha echado mano de los órganos judicial y legislativo para implementar tácticas represivas”, lo que “ha permitido la construcción de un sistema que garantiza la impunidad y que individuos acusados de cometer crímenes del derecho internacional eviten comparecer ante la justicia y, en cambio, intenten obtener cargos de poder”.

Tras recordar que el informe publicado en 2018 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua determinó que las autoridades nicaragüenses “cometieron crímenes de lesa humanidad”, aseveró que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, “si existe una sospecha fundada del involucramiento de funcionarios públicos en crímenes del derecho internacional o graves violaciones de derechos humanos, no deberían continuar al servicio de las instituciones estatales, hasta tanto concluyan las investigaciones en su contra”.

Por último, rememoró que el camino a las elecciones en el país “se ha caracterizado por la comisión de violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión y asociación, y reiterados obstáculos al ejercicio de derechos políticos”, así como por la detención de una veintena de personas, incluyendo seis aspirantes a la presidencia, líderes estudiantiles, activistas políticos, representantes campesinos y figuras públicas de la vida política nicaragüense.

“Con estos hechos queda claro que el camino hacia las elecciones estará plagado de acciones represivas implementadas para imposibilitar que la población pueda ejercer sus derechos políticos sin temor a represalias”, sentenció Amnistía Internacional.