La organización rechaza así las modificaciones planteadas por el Gobierno, sobre todo el nuevo procedimiento especial para microempresas, que sería el principal motivo que llevaría el sistema al colapso. Con dicho plan, el Ejecutivo pretende agilizar los actuales procedimientos y reducir sus gravosos costes.

Sin embargo, desde Aspac afirman que la reforma no será efectiva “si no existe un marco regulatorio que proporcione seguridad jurídica a los profesionales de la administración concursal en cuanto al acceso a la profesión, sus funciones y su retribución”.

Asimismo, desde Aspac denunciaron que el anteproyecto de la reforma concursal no cumple con los principios del Banco Europeo de Recuperación y Desarrollo en materia de insolvencias, “lo que condena al 88% de los actuales procesos concursales a un experimento que ninguna legislación de nuestro entorno avala”.

Desde Aspac también manifestaron su disconformidad con el hecho de que el anteproyecto de la reforma concursal no transponga uno de los puntos clave de la directiva europea, el Estatuto del Administrador Concursal.

“Esta enésima reforma, aunque contiene avances, como el examen de acceso a la profesión, no solucionará el problema del alargamiento innecesario de los procedimientos concursales ni evitará que empresas viables vayan a liquidación”, afirmó el presidente de Aspac, Diego Comendador.

En este sentido, Comendador señaló que hay hasta 12.000 administradores concursales en España para 3.000 procedimientos, por lo que la aprobación de un estatuto es “necesaria” acotar este “dato insostenible”, y supondría una “garantía” tanto para el administrador concursal como para la empresa concursada y sus acreedores “al tener equipos altamente especializados”.

Por último, desde Aspac repudiaron la decisión del Gobierno de no tener en cuenta la opinión de los administradores concursales a la hora de confeccionar el anteproyecto de la reforma concursal, ya que estos son los “verdaderos expertos y conocedores de los procedimientos concursales, junto con los jueces”.

Sobre esta cuestión, la organización recordó que han transmitido su interés por formar parte de la redacción del texto en “múltiples ocasiones”, pero que, sin embargo, sus peticiones “no han sido escuchadas”.

En este contexto, Aspac avanza que presentará sus alegaciones al periodo de consulta pública que comienza ahora.