Según la organización, este cambio de normativa "pone en peligro las inversiones realizadas en las 35 centrales solares termoeléctricas en construcción en nuestro país".

Denunció, además, que su aprobación "supondría que España deje de tener un papel predominante en las inversiones extranjeras en materia de energías renovables, por la gran inseguridad jurídica" que introduciría.

Para Protermosolar, la modificación de la ley que se pretende aprobar supone que sólo 500 MW (megavatios) podrán recibir la prima vigente actualmente, con lo que el resto (1.000 MW) de las plantas ya iniciadas "quedaría en una situación de incertidumbre que no podrá ser asumida por las instituciones financieras y que traerá consecuencias dramáticas para fabricantes, constructores e inversores".

Según sus cálculos, los daños estarían por encima de los 5.000 millones de euros y "generarán un aluvión de demandas por responsabilidad patrimonial al Estado Español".

Cada planta requiere una inversión media de cerca de 300 millones de euros y, en la fabricación de sus componentes y en su construcción, se emplean el equivalente a 10.000 empleos por año. Las 35 plantas representarían un empleo equivalente de más de 300.000 personas y unas inversiones de 10.000 millones de euros que "estarían en serio peligro si este cambio legal es aprobado", concluyó.