Esta medida, según indica el Ministerio de Exteriores en una nota, junto a otras adoptadas recientemente por las autoridades nicaragüenses, impide que el proceso electoral en ciernes ofrezca un resultado “con garantías y credibilidad”.

Entre esas otras medidas el Ejecutivo lamenta la aprobación de una reforma electoral “no consensuada” y “muy alejada” de las recomendaciones de la OEA y la Unión Europea, así como la promulgación de “abundante” legislación restrictivita, y, en particular, la detención de los principales líderes y candidatos de la oposición a las elecciones de noviembre.

Por ello, el Gobierno señala que “urge” que el país se dote de una autoridad electoral “independiente, imparcial y no controlada” por el partido en el poder. “Solo un proceso electoral creíble, incluyente y transparente acorde con los estándares democráticos internacionales puede ofrecer una salida a la crisis social, política y económica que vive Nicaragua”, añade.

Asimismo, recuerda la obligación que tiene el Estado de Nicaragua de dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos y a sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos y garantías de todos sus ciudadanos.

Por todo ello, el Gobierno insta “una vez más” al régimen de Nicaragua a que libere “sin demora” a los actores políticos detenidos y devuelva la personalidad jurídica a los partidos políticos y sus organizaciones civiles de la oposición, para permitir así su “libre” participación en las elecciones. También le pide que detenga la “represión” contra actores políticos y sociales de la oposición, así como el “hostigamiento” a medios de comunicación “independientes”.