En declaraciones a los medios durante una visita a Rota (Cádiz), culpó de la actual situación a que “en la década previa no se había hecho absolutamente nada” y “durante la etapa de Gobierno del PP se produjo un parón en la incorporación de las energías renovables”, dando además “un mensaje contradictorio a los mercados de inversión”.

“Incluso se puso en marcha el ‘impuesto al Sol’, aunque desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa se han ido revirtiendo”, agregó, reivindicando que este Gobierno está precisamente impulsado energías más limpias aprovechando que España es, además, un país “privilegiado para las fuentes de energía renovables, de la energía eólica, de las energías marinas, de todas aquellas energías que son su coste de producción más barata”.

Montero recordó que el Ejecutivo aborda el problema con medidas de impacto a corto plazo y otras a medio, más estructurales, por lo que “necesitamos un cierto tiempo” tanto para su desarrollo y despliegue como para obtener los resultados buscados.

Entre las actuaciones de efecto inmediato, apuntó que figuran medidas fiscales como la suspensión del IVA a la energía eléctrica y al impuesto a la producción eléctrica, que “están permitiendo abaratar un 12% el precio de la factura”. “Pero, como ustedes están comprobando, ello no es suficiente y, por tanto, no es satisfactorio para el conjunto del Gobierno”, agregó a renglón seguido.

“De ahí que la vicepresidenta tercera haya transmitido que seguimos explorando otros campos, otros entornos para que realmente seamos capaces durante el próximo trimestre de abaratar el precio global de esa energía”, expuso. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, abría precisamente esta mañana la puerta a introducir cambios en la tarifa regulada (PVPC), que es la más volátil a las fluctuaciones del mercado mayorista, y reconocía que se analiza un sistema concesional a través de una empresa pública cuando se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas.

Entre las medidas ya adoptadas y con impacto a mayor plazo, destacó que se han regulado los beneficios que tienen las propias empresas eléctricas para reducir los llamados ‘beneficios caídos del cielo’, recordó la apuesta por el bono social o que “estamos haciendo un llamamiento al conjunto de la comunidad internacional para que revise el funcionamiento del mercado eléctrico y que no se produzcan distorsiones que van dirigidas a hacer acopio de tonelada de CO2”, algo que encarece directamente el precio de la energía.

“El Gobierno va a seguir trabajando sin descanso para abaratar el precio de la energía, aunque las causas no sean nacionales”, insistió, precisando que la actuación debe ser “al unísono” y sabiendo que “la entrada en vigor tiene su decalaje”.

“Estamos, por tanto, recuperando todo el tiempo que se perdió durante la década anterior que tenía que haber previsto esta situación porque el cierre de las centrales térmicas es una necesidad y nuestro interés es incrementar un 10% la entrada de energías renovables, una energía más limpia y más barata para que definitivamente le precio de la luz se estabilice y lo haga en la banda de precios más corta”, concluyó.