En este sentido, destacó que el curso anterior, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fue “claro” en todas sus sentencias sobre la llamada inmersión lingüística puesta en marcha por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. A su juicio, este sistema “no es compatible con la ley” porque no garantiza el mínimo del 25% de horas lectivas impartidas en castellano.

Pese a ello, Ciudadanos lamentó que el Gobierno de la Generalitat catalana ha decidido continuar “incumpliendo” las resoluciones judiciales en este sentido. Según un estudio realizado por la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB), el 95% de los centros educativos en Cataluña siguen teniendo como única lengua vehicular el catalán.

Al respecto, Ciudadanos criticó que la inmersión lingüística en la educación catalana no es solo “contraria a la ley”, sino que tiene unas consecuencias “devastadoras” para la igualdad de oportunidades de los alumnos castellanoparlantes, que se ven “obligados” a sortear una “barrera ideológica de carácter lingüístico que les perjudica a la hora de completar sus estudios con éxito”.

Por todo ello, el partido de Inés Arrimadas preguntó al Gobierno qué medidas tiene previsto tomar para asegurar el cumplimiento de las sentencias judiciales en este aspecto y qué plazos maneja para evitar que se prolongue “innecesariamente” la situación de “desigualdad” a la que se está “sumiendo” a los alumnos castellanoparlantes.

También quiere conocer si el Ejecutivo central tiene previsto poner en marcha alguna medida para compensar el “perjuicio” que esta “negativa ideológica” del Gobierno de la Generalitat de Cataluña a cumplir las sentencias judiciales sobre la inmersión lingüística está provocando a estos alumnos.