Según indicó el sindicato en un comunicado, la propuesta del ministro Manuel Castells no solventa el problema de la financiación y mantiene la precariedad del personal. La organización también protestó porque el texto “no ha sido consultado (y mucho menos negociado) con los agentes sociales”. Además, para CCOO, el anteproyecto, con 107 artículos, “es muy detallado en algunos apartados y demasiado vago en otros”.

La federación concretó que la futura ley “se ocupa extensamente de definir un nuevo modelo de gobierno de la Universidad pública presidencialista y gerencial en torno a la figura del rector/rectora en detrimento de la participación democrática y de la transparencia de los órganos de gobierno y de representación”.

Asimismo, CCOO alertó de que se contempla la posibilidad de que la elección del rector se realice por un comité de 20 personas, con un 30% de sus miembros ajeno a la universidad, y que se disminuye y modifica la composición del claustro.

“El rector tiene que rendir menos cuentas y designa al resto de órganos de gobierno unipersonales”, añadió la organización, que también indicó que los departamentos “carecen de regulación expresa y se refuerzan los Consejos Sociales en la política universitaria, excluyendo a cualquier integrante de la comunidad universitaria”.

PROESORADO

Asimismo, señaló que “los capítulos dedicados al profesorado de las universidades proponen mantener la doble vía de acceso funcionarial y laboral, aunque esto está un tanto oculto y depende de los desarrollos autonómicos”, mientras “permanecen sin resolver” problemas en las carreras profesionales de cuerpos funcionariales.

El sindicato subrayó que la regulación del personal docente e investigador laboral “también empeora notablemente con la nueva LOSU”.

“Por otra parte, continúa el poder omnímodo y opaco de ANECA (la agencia de acreditación de la calidad), que con la nueva LOSU sigue siendo la verdadera artífice de las políticas ministeriales de profesorado, sin que se establezcan mecanismos para mejorar su regulación (actualización de criterios de evaluación, procedimientos, agentes, etc.)” y “el texto no se acompaña de ninguna memoria económica y solo considera una cifra global de consecución del incremento de la financiación hasta el 1% del PIB en la próxima década (porcentaje que todavía queda por debajo de la media actual de la UE y la OCDE)", a pesar de los recortes que la federación percibe en el sistema universitario.

Por todas estas quejas, CCOO exigió al Ministerio que abra “de forma inmediata un proceso de negociación serio y responsable con los agentes sociales, ya que el articulado actual no responde a los objetivos planteados en el preámbulo y supone una minoración de la democracia y la participación de la comunidad universitaria en el gobierno de la Universidad”.