Según informa Transición Ecológica, la ciudadanía y todos los agentes interesados podrán realizar sus aportaciones hasta el 30 de septiembre.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece que los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados, deberán adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible para introducir medidas de mitigación y reducir las emisiones de la movilidad, incluyendo, entre otras, el establecimiento de estas zonas de bajas emisiones.

La propuesta de Directrices que hoy se presenta a información pública recoge los objetivos mínimos a tener en cuenta a la hora de crear una Zona de Bajas Emisiones. Entre ellos se incluyen criterios en materia de calidad del aire, eficiencia energética, ruido y cambio climático.

Además, las Directrices contemplan el contenido mínimo que debe abordarse a la hora de establecer una ZBE, así como el procedimiento para su implantación, una propuesta de indicadores de seguimiento y un amplio catálogo de medidas que los ayuntamientos podrán adoptar para incentivar el cambio hacia una movilidad más respetuosa con los límites planetarios.