El Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptaban medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, solo tuvo 9 votos en contra y 56 abstenciones. La tramitación del decreto como proyecto de ley obtuvo una mayoría todavía superior, ya que recibió 344 positivos.

En su defensa del decreto, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que debutaba este lunes en el Pleno del Congreso, ensalzó las medidas sociales impulsadas por el Gobierno durante la pandemia y que dijo han permitido la reducción de la factura energética de casi 1,2 millones de ciudadanos.

Bolaños realizó una comparación respecto a la salida de la crisis actual respecto a la de hace unos años. “La salida de la anterior crisis fue lenta, injusta e incompleta. Esta salida de la crisis está siendo rápida y justa”, destacó.

En este sentido, el ministro subrayó que la “etapa de recuperación que ya hemos iniciado” se debe por las acciones del Ejecutivo, frente a los de la anterior crisis en la que los españoles asistían “con preocupación” al Consejo de Ministros “esperando un nuevo recorte cada viernes”.

Mientras, en esta crisis, “los españoles están encontrando en los Consejos de Ministros un alivio durante los peores meses de la pandemia, y una esperanza para el futuro, ahora que encaramos la recuperación”.

Tras estas palabras, el ministro expuso que la prórroga del escudo social fijada en el decreto que se está debatiendo en el Congreso, ha permitido que más de 1.190.000 personas hayan visto reducida su factura, en aplicación del descuento en la factura eléctrica al ampliar el concepto de consumidor vulnerable a personas en situación de desempleo, afectados por un ERTE o que cumplan determinados requisitos de renta, de tal forma que puedan beneficiarse de un bono social eléctrico.

Además, Bolaños presumió de que con esta medida se garantiza que puedan seguir teniendo agua, electricidad y gas natural en sus casas, los españoles que no puedan pagar dichas facturas.

MENOS DE LA MITAD DE DESAHUCIOS

Expuso también que, con esta norma, el Gobierno se ha ocupado del derecho a una vivienda digna, protegiendo de los desahucios y los cortes de suministro a las familias más vulnerables.

Así, comparó que, mientras 2013 se practicaron, según la información publicada por el CGPJ, unos 67.000 desahucios en España; en 2020, se practicaron 29.000, menos de la mitad.

La garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión; es decir, a las familias con ingresos inferiores a 11.900 euros anuales si no hay menores, y 19.800 euros si tienen hasta dos menores.

Bolaños resumió que el “escudo social”, prorrogado hasta el 31 de octubre, “protege a más de 1.100.000 personas” que tienen “dificultades económicas que la pandemia agravó, pero que cuentan con todo el apoyo del Gobierno de España”.

Desde la oposición, grupo dispares como el Partido Popular o Bildu -ambos a favor de la convalidación- criticaron que las medidas del Ejecutivos sean “parches” y abogaron por “reformas estructurales”, aunque cada uno defendió su propio modelo. En la misma línea se posicionó el PDeCat. También hizo lo mismo Ciudadanos, quién arremetió también contra el Gobierno por la “insostenible” situación del recibo de la luz.

El recibo de la luz, un 257% más caro que hace un año, según el PP - más de un 220% para Vox- centró gran parte de los ataques de la oposición al ministro de Presidencia. La diputada del PP que defendió la postura de su grupo en la tribuna, Rosa Romero, afirmó que el actual Gobierno pasará a la historia con la “tarifa eléctrica mas cara de la historia de nuestro país”, por lo que pidió al ministro que se dejen de “discursos triunfalistas”.

EL PP VOTA A FAVOR

Desde el PP, que defendió por “responsabilidad” el voto a favor de la convalidación del decreto porque “los ciudadanos no tienen la culpa de este mal gobierno”, reclamó “reformas estructurales que necesita este país para que vuelva a la senda del crecimiento". Así, y como ya hicieran en la Comisión Constitucional el pasado jueves, el PP pidió a Bolaños que “actúen, trabajen, porque España no está para experimentos y, si no, dejen paso, el PP sí “ que está ”preparado" para gobernar y dar respuesta". La diputada del PP le pidió al presidente que ”apague y váyase, por el bien de los españoles”, remató.

Por su parte, desde Vox, la diputada Patricia de las Heras, realizó un duro discurso contra el “cerebro jurídico” de La Moncloa, como definió a Bolaños, y a quién llegó a situar en el “banquillo de los acusados”. De las Heras avanzó que su partido recurrirá la parte del real decreto, en el que se abstendrán en su convalidación, que se refiere a la ”expropiación indirecta de las casas de los españoles".

Sostuvo que con esa medida, el Ejecutivo pretende usurpar las viviendas de las familias españolas, suspendiendo los desahucios incluso cuando la ocupación ilegal traiga causa de un delito. En este contexto, la diputado de Vox explicó que “la medida que proponemos para la ocupación ilegal” es la de "patada en el culo", zanjó.