A su juicio, el decreto, “aun siendo de aplicación temporal, ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear”, señala la entidad en un comunicado.

La industria nuclear también rechaza el proyecto de ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. Cree que si se aplica a la energía nuclear en los términos en los que está planteado, unido a la excesiva presión fiscal actual, abocaría al cese de la actividad de todo el parque nuclear.
Avisa de que en el caso de que el proyecto se aprobase y entrase en vigor, el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez minorado el precio del CO2, no debería ser inferior a 57-60 €/MWh con el nivel impositivo actual. De no ser así, sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas.

PÉRDIDA DE EMPLEOS

“De haber estado en vigor este proyecto de ley, no se hubiera solicitado la renovación de las autorizaciones de explotación de nuestras centrales”, afirma el foro. “Si entrara en vigor, la ley no debería aplicarse de forma retroactiva en ningún caso”.

Para el presidente de Foro de la Industria Nuclear Española, Ignacio Araluce, “el cese anticipado de la tecnología de generación que más electricidad produce en España y que más emisiones de gases de efecto invernadero evita conduciría a un cierre desordenado de la generación nuclear, a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial, a una mayor dependencia energética del exterior y a un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista. Impediría igualmente el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), especialmente en lo referente a la reducción de emisiones de CO2, ya que el cierre supondría un incremento de unos 22 Mt/año”.