El PP, primero, y después Ciudadanos y Vox, solicitaron la prohibición de esta marcha solidaria de 31 kilómetros “en favor de Henri Parot y para lograr la convivencia, la paz y la reconciliación” y exigieron al Gobierno central que la impidiera.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en el País Vasco ha trasladado que no tiene competencias para impedirlo, ya que es un asunto sobre el que debe pronunciarse la Justicia, y se limitó a dar traslado de esta convocatoria a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Ahora, el Ministerio Público “ha interesado que no se adopte la medida cautelar de prohibición de la convocatoria (…), toda vez que no queda acreditada la comisión del delito de humillación de víctimas que daría lugar a la adopción de la medida cautelar”.

La decisión se toma “sin perjuicio, que por parte del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, se proceda al pertinente control y seguimiento de los actos convocados, adoptando las medidas necesarias para evitar que en el curso del mismo se realicen actos que pudieran ser constitutivos de delito de enaltecimiento o justificación de delitos terroristas o de quienes hayan participado en su ejecución, o de descredito, menosprecio o humillación de las victimas o sus familiares, y en caso de que se produjeran, proceder a la identificación de sus autores, con instrucción de las correspondientes diligencias”.

La Fiscalía sostiene que en el ámbito penal cualquier limitación de derechos fundamentales debe estar basada en “datos objetivos” que puedan verificarse ‘a posteriori’ y no en “meras hipótesis subjetivas”, “suposiciones” o “convicciones” de la existencia de un delito. Sostuvo que esto último haría depender la decisión en “la voluntad del investigador, sin exigencia de justificación objetiva de ninguna clase”, lo que “no es admisible en un sistema de derechos y libertades efectivos, amparado en un razonable control sobre el ejercicio de los poderes públicos”.

31 AÑOS DE CÁRCEL

En esa línea, el Ministerio Público avala el derecho de libertad de reunión por hallarnos hasta “la mera convocatoria de una marcha en la localidad natal del miembro de la organización terrorista ETA, Henri Parot, cuyo recorrido de 31 kilometres, alude a los 31 años de condena que el mismo ha cumplido”.

“Su enunciado es genérico y sin alusión concreta y objetiva y, menos aún vejatoria, a ninguna de las víctimas de dicho penado. Es más, su finalidad, según refieren, es la consecución de la paz, la concordia y la reconciliación”, añade.

Insiste, además, en que la tipificación del delito de humillación a las víctimas no está pensado para perseguir ideas u opiniones sino para “algo tan sencillo como perseguir la exaltación de los métodos terroristas, radicalmente ilegítimos desde cualquier perspectiva constitucional, o de los autores de estos delitos, así como las conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas al tiempo que incrementan el horror de sus familiares. Actos todos ellos que producen perplejidad e indignaci6n en la sociedad y que merecen un reproche penal (. .. )".

En el caso de autos, asegura el Ministerio Público, el acto que se realizará “está concebido como un acto organizado con fines estrictamente políticos, sin que de la lectura de su convocatoria se infiera que la intención de dicha manifestación es convertir el acto público en un acto que humille a alguna de las víctimas”.

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS

El Gobierno Vasco, la Delegación del Gobierno central en Euskadi y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo homenajearán a las víctimas de Henri Parot este viernes, un día antes del acto convocado por Sare en Arrasate/Mondragón para denunciar la situación del preso de ETA.

La cita del sábado es interpretada por algunos partidos y asociaciones de víctimas como un homenaje a Parot, y el PP y Vox han anunciado ya que asistirán a la localidad guipuzcoana para mostrar su oposición frontal al acto.

Está previsto que a este homenaje acudan el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, el director del Memorial, Florencio Domínguez, la consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, así como la directora general de Apoyo a las Víctimas del Ministerio de Interior, Monserrat Torija.

La organización convocante, Sare, ha explicado que el objetivo de la marcha es denunciar la Ley Orgánica 7/2003, que “posibilita cadenas perpetuas encubiertas para un número importante de presos vascos".