Entre las medidas que la organización propone al Gobierno se encuentra establecer una partida de 155.304.112,72 euros para el desarrollo de la Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, una cifra cuyo 51% debería destinarse al sector educativo y el 22% al de justicia.

Con el fin de hacer frente al reto que plantea la pobreza energética, Save the Children aboga por llevar a cabo una reforma del bono social encaminada hacia la integración (eléctrico, térmico y gasista) y basada en un modelo de tarificación social, con descuentos proporcionados a las necesidades de consumo y niveles de ingreso de cada hogar, con consideración específica de la existencia de menores edad en los domicilios y personas dependientes como criterio prioritario.

La organización también reclama la consolidación de la prohibición de los cortes de suministro más allá de la vigencia del escudo social y su aplicación a todas las situaciones de vulnerabilidad, con especial atención a la presencia de menores en el hogar.

AYUDAS DE COMEDOR

En lo referido al ámbito educativo, Save the Children plantea una nueva línea de ayudas de comedor de 425 millones de euros que, con la cofinanciación actual de las comunidades autónomas, garantice el acceso a comedor escolar gratuito a todos los niños bajo el umbral de la pobreza.

En cuanto al programa PROA+ de apoyo a colegios, la organización cree necesario incrementar su financiación hasta los 300 millones de euros.

Por último, Save the Children expone también medidas enfocadas a la protección de la infancia migrante y refugiada, como el establecimiento de una asignación presupuestaria de 582 millones para la estrategia para la inclusión de los menores de origen extranjero.

“Si el año pasado los presupuestos de 2021 se planteaban como la gran oportunidad para una recuperación de la crisis causada por la Covid-19 que no dejase a nadie atrás, los Presupuestos Generales del Estado 2022 son la oportunidad de garantizar que la infancia vea atendidas las principales necesidades que la pandemia ha agudizado”, detalló Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children.