La ley no ha tenido “un efecto directo sobre la caída de los precios, sino que la evolución decreciente registrada desde principios de 2020 ha respondido a una natural tendencia a la baja tras años de crecimiento previo y una posterior estabilización”, señaló Font.
Según datos ofrecidos por el portal y cuya fuente es la propia Generalitat, “en Barcelona ciudad el precio del alquiler ya había comenzado a caer a principios de 2020, antes de la aplicación de la nueva regulación”.
Sobre los precios de alquiler en Barcelona, Font aseguró que “las tasas de crecimiento de dos dígitos se produjeron hasta inicios de 2019, siendo sólo del 5% a finales de 2019 y pasando a terreno negativo en 2020”, cuando la pandemia provocó que se llegase a “duplicar el contenido en los portales en alquiler residencial” a causa del “trasvase de alquiler turístico”.
Además, subrayó que la tendencia en Madrid capital “ha sido prácticamente idéntica, por lo resulta evidente que la moderación de los precios del alquiler en Barcelona no responde a un impacto directo ley de alquileres catalana”.
Para Font, “la regulación de los alquileres en Cataluña llegó tarde, por lo que no sólo no ha conseguido el efecto deseado sino que tampoco ha compensado el elemento desestabilizador que provocó su implementación en el mercado”.
EL director de Estudios de pisos.com aseveró que “si bien la evolución de las rentas no ha ido acorde con la evolución de los salarios, por lo que cada vez más hay familias a las que les resulta difícil pagar el alquiler, se ha optado por una medida que ha sido todavía más perjudicial para el mercado del alquiler”
VIENA O SIDNEY COMO MODELOS
Ferran Font indicó que hay otras medidas que sí se han mostrado efectivas, como el caso de Viena “donde la propia ciudad es el principal propietario de la vivienda en alquiler y es su gran apuesta desde hace 100 años” o Sídney “donde se ha duplicado la oferta de alquiler desde 2017”, ejemplos que “demuestran que actuando sobre la oferta es posible rebajar la tensión en los precios y resolver el problema de accesibilidad a la vivienda”.
Por ello, Font pidió medidas enfocadas “a aumentar la situación económica de los inquilinos y aumentar el parque de vivienda en alquiler tanto en el mercado libre como el de vivienda asequible o alquiler social, a través de la colaboración público-privada”.