La petición la hacen la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Cartagena y Comarca (Favcac), Adepe y la Cofradía de Pescadores de San Pedro, todas integrantes de la plataforma ‘Pacto por el Mar Menor’.

Según indicaron sus representantes, el reciente reconocimiento por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura de la existencia de 8.500 hectáreas de regadíos ilegales en el Campo de Cartagena “constituye una demostración palpable de la falta de control de las administraciones de la expansión de la actividad que más ha contribuido a la eutrofización del Mar Menor”.

Además, subrayaron que el último informe del Instituto Español de Oceanografía reconoce que la laguna ha perdido su capacidad de autorregulación, y que el origen de la reciente mortalidad de peces y crustáceos es consecuencia del vertido continuado de nutrientes agrícolas.

El conjunto de los acontecimientos anteriores con sus consecuencias ambientales sociales y económicas derivadas de la degradación del Mar Menor; y el hecho de que hasta hace pocos años esta era una de las mayores lagunas costeras con aguas oligotróficas, hipersalinas y transparentes en Europa, llevaron a las organizaciones de la plataforma a sugerir la implicación de la Comisión Europea “de manera más específica” en la sanción de los incumplimientos y en la aplicación de medidas efectivas.

En concreto, urgieron a la Comisión a que promueva órganos conjuntos de gestión y participación, así como observadores ‘in situ’ que pongan en marcha programas y acciones “reales y creíbles” para solucionar los problemas de la zona.

De igual manera, lamentaron que “importantes” fondos de la Unión Europea se hayan utilizado en medidas “poco eficaces” que no solucionaron los problemas de contaminación de las aguas subterráneas del Campo de Cartagena y de la laguna del Mar Menor; ni tampoco los problemas de inundaciones derivados de un crecimiento urbanístico “desordenado”, entre otros asuntos.

Asimismo, las organizaciones solicitaron que se "singularice" su caso y se adelante el o los correspondientes expedientes de infracción, segregándolos de los generales que Bruselas ya tiene en marcha por las tres Directivas citadas contra España y otros Estados, según agregaron.

Por último, pidieron una revisión de las ayudas concedidas por la Unión Europea para la conservación del Mar Menor y para la agricultura intensiva en el Campo de Cartagena, al menos desde 2016 y las comprometidas para los próximos años, con el fin de garantizar que estas se empleen de forma adecuada.