Esta sanción parte de un expediente contra Bibliodoc Servicios Documentales, S.L., Pandora Gestión Documental, S.L., Libnova, S.L. y Salomé Lendínez Ramírez iniciado en octubre de 2019 por “posibles prácticas anticompetitivas que afectarían a licitaciones públicas para gestionar los servicios de archivo y documentación de varias administraciones”.

La CNMC ha acreditado que el “modus operandi” utilizado por las empresas al presentarse a los concursos para la adjudicación de contratos menores -también en procedimientos negociados y abiertos- “supuso una manipulación de las licitaciones”, ya que intercambiaron información sensible entre ellas y determinaron previamente los precios que incluían en las ofertas, lo que fue determinante en la adjudicación de los contratos.

El organismo regulador también ha verificado la solicitud y la aceptación de ofertas de cobertura ficticias entre las empresas.

Estas prácticas suponen una infracción muy grave del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), constitutiva de cártel, que “son especialmente dañinas para la sociedad porque impiden competir a otras empresas en igualdad de condiciones cuando se presentan a los concursos públicos, y encarecen los servicios que contrata la administración”.

Las entidades afectadas por esta infracción fueron el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Fomento, el Centro Nacional de Arte Reina Sofia, el Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares, la Biblioteca Regional de Madrid y el Instituto Nacional de Tecnología Agraria y Alimentaria (Inia).

La CNMC ha acreditado que las empresas Bibliodoc y Libnova cometieron esta infracción entre los años 2016 a 2019, mientras que Bibliodoc y Pandora lo hicieron durante 2018 y 2019. Alacaja y Pandora también participaron en un acuerdo bilateral constitutivo de cártel en 2018.

Por ello, la CNMC ha sancionado a Libnova con 75.250 euros, a Bibliodoc con 65.254 euros, a Pandora con 20.351 euros y a Salomé Lendínez (Alacaja) con 1.000 euros.

Además, el organismo supervisor ha acordado remitir esta resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los efectos de la prohibición de contratar y ha encargado la vigilancia del cumplimiento íntegro de esta resolución a la Dirección de Competencia.

Contra esta resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.