Así lo defendió en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en la que recalcó el “compromiso ineludible” del Ejecutivo de coalición de “modificar y actualizar” la ley para garantizar la prestación para que la interrupción voluntaria del embarazo “sea en las mejores condiciones” tras conocer el caso de Marta Vigara, una mujer que denunció que un hospital madrileño se negó a practicarle un aborto a pesar de que, según Darias, se trataba de una interrupción “obligada por razones clínicas”.
Tras abogar por que la objeción de conciencia “no sea un impedimento para la prestación asistencial y el derecho a la salud que también tienen todos los pacientes”, lamentó que el hospital no lo pudo practicar “porque todos los médicos de allí daban objeción de conciencia”. Un derecho que dijo “respetar”, si bien puntualizó que “el acceso y la calidad asistencial” de la prestación de la interrupción del embarazo no pueden resultar socabadas “en ningún caso por este derecho a la objeción”.
Junto a ello, urgió a “avanzar en las buenas praxis”, convencida de que “no parece que esto -el caso denunciado- tenga una pinta de buena praxis, antes al contrario”. “Que una paciente a la que clínicamente se le determina que hay que interrumpir su embarazo haya tenido que abandonar un hospital para irse a otro porque en ese no se lo practicaban creo que tenemos que mejorarlo y tenemos que ver cómo somos capaces de hacerlo entre todos”, resolvió.