Fernández Marugán hizo estas consideraciones en el Pleno del Congreso para presentar el trabajo realizado por la institución que dirige en 2020, un año marcado por la pandemia de la Covid-19 y en el que el Defensor del Pueblo incrementó sus actividades en un 40,5%.

Repasó las cuestiones más relevantes que recoge el último informe anual del Defensor del Pueblo e insistió en la necesidad de alcanzar “acuerdos políticos, económicos y sociales lo más consensuadamente posible” para salir de la crisis generada por el coronavirus.

Asimismo, se mostró preocupado por la situación de los jóvenes, pues casi un 30% de ellos no tienen empleo y la mitad de los que trabajan lo hacen con contratos temporales, y uno de cada tres desempeña una actividad inferior a los estudios que ha cursado. "El grupo de edad que en esta sociedad tiene más vulnerabilidades económicas ya no son los mayores o los jubilados, son los jóvenes de entre 20 y 29 años, que permanecen y viven con sus padres cada vez más tiempo. No es extraño que los nacidos entre 1986 y 2003, que han sufrido ya dos grandes crisis económicas en momentos decisivos de su formación, consideren que están olvidados por el Estado. Me parece preocupante", apuntó.

En su opinión, uno de los principales problemas que afrontan los jóvenes es la dificultad de acceder a una vivienda, tanto comprada como alquilada, en gran parte por la alta tasa de desempleo o de tener un trabajo precario. "Debe dotarse a los núcleos urbanos españoles de viviendas públicas en alquiler, enfocándolas fundamentalmente para los jóvenes y para las personas vulnerables con menos recursos", dijo.

Otro de los problemas se refiere al empleo, que es "escaso, con poco nivel y con mucha temporalidad", según Fernández Marugán, que indicó que "el sistema educativo está poco adaptado a las necesidades del mercado de trabajo", por lo que ha pedido información al Ministerio de Educación sobre la falta de plazas en Formación Profesional.

"Si los jóvenes no pueden disponer de empleo digno y tienen graves problemas de acceder a una vivienda, resulta harto difícil que se planteen tener hijos, fundamentalmente por un acto de resalismo y es porque no pueden tener hijos", indicó, en alusión al tercer problema de este sector de la población.

A este respecto, Fernández Marugán recalcó que los jóvenes necesitan "un marco económico y social" que les permita tener descendencia, lo que ayudaría a reducir la "brecha demográfica" en España desde 2015, puesto que desde entonces hay más muertes que nacimientos.

"En la España de hoy se vive mejor que se vivía hace 30 o 40 años, que los jóvenes viven en una sociedad más libre y desarrollada que la que tenían sus padres, pero ese progreso no termina de llegar a todos, ni mucho menos a los jóvenes. Nuestra sociedad no debe permitir tener una generación de ciudadanas y ciudadanos que miran el futuro con tan poca ilusión", apostilló.

PROTAGONISMO DEL ESTADO

Por otro lado, Fernández Marugán valoró el papel del Estado para atenuar los estragos económicos causados por la pandemia. Tras afirmar que “esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de protagonismo del Estado”, se mostró convencido de que el impacto sobre la economía "hubiera sido aún más profundo si no se hubieran adoptado medidas para mitigar la pérdida de rentas en las personas más vulnerables y para garantizar la liquidez al tejido empresarial”.

Para el Defensor, ahora hay que hacer lo contrario de lo que se hizo en la crisis financiera de 2008, es decir, “cosas diferentes al rescate financiero de los bancos y las grandes empresas” para evitar “un crecimiento agudo de la pobreza y la profundización de la brecha que divide a quienes tienen acceso a la protección y quienes quedan a la intemperie”.

De entre las actuaciones emprendidas desde la esfera pública para contener la crisis económica, el Defensor destacó los ERTE, el Ingreso Mínimo Vital, el Fondo Covid destinado a Sanidad, Educación y Servicios Sociales, y la política fiscal que, a su juicio, ha “facilitado la supervivencia de muchas empresas y de su empleo”.

“Éste es un momento de gastar y se deben adoptar políticas expansivas”, aseguró el Defensor, que ve inevitable aplicar una reforma fiscal “que aumente la capacidad recaudatoria y redistributiva de nuestro sistema tributario”.

En esta línea, Fernández Marugán considera que “lo pertinente”, sería racionalizar la fiscalidad de las grandes entidades corporativas para evitar que sean las pequeñas empresas y los sectores tradicionales los que soporten mayor incidencia tributaria.

SANIDAD

Por otro lado, Fernández Marugán comentó que la irrupción de la pandemia supuso un desafío sin precedentes y agudizó las carencias que venía arrastrando el Sistema Nacional de Salud (SNS) y sobre las que el Defensor del Pueblo lleva advirtiendo desde hace varios años. Entre esas debilidades, destacó las “listas de espera demasiado largas, la fragilidad de los servicios de urgencia hospitalaria, la escasez de profesionales sanitarios, la precariedad en la atención primaria, los problemas en la atención hospitalaria y los insuficientes recursos en salud mental”.

Por ello, abogó por “invertir más en medios materiales y humanos garantizando siempre la cohesión territorial” y “priorizar los elementos del sistema más vulnerables en esta crisis: atención primaria, salud pública y salud mental”.

El Defensor también vio necesario impulsar los servicios de prevención en materia de salud, crear una agencia estatal de salud pública independiente y hacer más efectivo el mecanismo de coordinación interterritorial.