La Abogacía del Estado consideraba que, tras la aprobación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) el pasado mes de marzo en Consejo de Ministros, el Gobierno cumplía con las obligaciones reflejadas en la demanda, pero el Supremo estima que no es así. Estas mismas razones ya fueron esgrimidas por la Abogacía en su recurso frente a la resolución del 14 de junio del Alto Tribunal.

Las organizaciones demandantes se opusieron al cierre del litigio por considerar que no basta con la aprobación de cualquier Pniec, sino que debe ser un Plan lo suficientemente ambicioso como para cumplir con los compromisos adquiridos con la firma del Acuerdo de París: hacer todos los esfuerzos posibles para limitar el incremento de la temperatura global en 1,5°C respecto a la época preindustrial.

Para cumplir ese objetivo de acuerdo con la ciencia -representada por el IPCC, que el grupo de expertos sobre cambio climático de la ONU- las emisiones de CO2 deberían reducirse un 55% en 2030 en todo el planeta, según las organizaciones demandantes, cifra que aleja del 23% de reducción de emisiones para 2030 planeado por el Gobierno en su Pniec.

El Tribunal Supremo considera que “no ha dejado de subsistir el interés legítimo de obtener tutela judicial por las organizaciones demandantes”, ya que persiste la inactividad de la Administración al no haber cumplido íntegramente el compromiso adquirido, que tiene su origen en un tratado internacional ratificado por el Estado Español y por la UE. Además, condena a la Abogacía del Estado al pago de las costas judiciales.

“Este auto es una victoria muy importante que nos da aliento para continuar la larga batalla judicial que tenemos por delante. Es lamentable que la Abogacía del Estado se comporte como defensora de la actuación del Gobierno en lugar de defender los intereses generales de la ciudadanía, vinculados con la protección del medio ambiente y el clima y con el derecho a desarrollar una vida digna por parte de las generaciones presentes y futuras”, apuntó Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace España y coordinadora del litigio.

Javier Andaluz, coordinador de clima y energía de Ecologistas en Acción, indicó que “la lucha climática no consiste en hacer algo, sino en hacer lo suficiente”. “De no ser así, los gobiernos están fallando a su primera responsabilidad: defender los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. Así, el fallo del Tribunal Supremo avala muchas de las demandas escuchadas en las calles durante los últimos años, en las que se ha mostrado que estamos muy lejos aún de enfrentar la emergencia climática. La ciudadanía seguirá en las calles exigiendo justicia climática antes de que sea demasiado tarde”, añadió.

“El Gobierno tiene una responsabilidad que cumplir y esta decisión del Supremo lo deja claro”, recalcó Lourdes Benavides, responsable de clima y resiliencia de Oxfam Intermón, que agregó: ”Esa responsabilidad no sólo es con la ciudadanía española, sino con las personas que en todo el mundo están sufriendo las consecuencias de las emisiones de países ricos como el nuestro. Los desastres climáticos se han triplicado en 30 años y millones de personas pasan hambre en el Sahel o en Centroamérica, por ejemplo”.